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Detenidos por protestar: el gobierno argentino aumenta la represión de las manifestaciones sociales

Argentina

Los detenidos relatan cómo la policía salió «a cazar gente» por los alrededores del Congreso argentino el día de la votación de la Ley Bases

Admirador confeso del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su mano dura, Javier Milei aboga en Argentina por un Estado limitado que apenas se centra en la aplicación de la ley y el orden. Eligió como ministra de Seguridad a su ex rival presidencial Patricia Bullrich, que ya había ocupado ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ocho años después, las condiciones son más propicias para la aplicación de sus ideas autoritarias. Debutó con un protocolo antipiquetes que ya había ensayado en 2016 y que habilita la intervención de las fuerzas de seguridad «frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación» sin mediación de orden judicial y permite demandar a las organizaciones que resulten responsables «por el costo de los operativos».

Manifestantes protestan en Plaza de Mayo para pedir por la liberación de los detenidos.

MARIANA NEDELCU

El estreno del protocolo tuvo lugar en la manifestación del 20 de diciembre de 2023, donde se desplegó un operativo policial sobredimensionado que terminó con el desalojo violento de los concurrentes y en la demanda de las organizaciones participantes. A pesar de esto, el Gobierno no logró amedrentar lo que en Argentina es una tradición muy arraigada: salir a la calle a expresar el descontento social. Hubo varias manifestaciones muy concurridas como la convocada por la Central General del Trabajo en el primer paro general del 24 de enero, las de las organizaciones feministas el 8 de marzo y la universitaria, que reclamaba la actualización de fondos para la educación pública. El protocolo resultaba imposible de aplicar en eventos masivos, lo que hacía pensar que quedaba obsoleto ante la respuesta popular. Pero a seis meses de gobierno, la hostilidad hacia la libertad de expresión tuvo un nuevo capítulo.

El miércoles 12 de junio se llevó a cabo la votación en el Senado Nacional de la denominada «Ley Bases», una megapropuesta de desguace del Estado enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Varias organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron a manifestarse y, desde muy temprano, en los alrededores del Congreso se congregó una multitud con el objetivo de promover el rechazo. Dentro del recinto, se hablaba de un posible empate en la votación, por lo que se intuía que la participación en las calles podía influir en la decisión final.

Piedras y gases lacrimógenos

Luego del mediodía, comenzaron algunos disturbios. Algunos manifestantes arrojaron piedras e incendiaron un vehículo ante la pasividad de la policía, que después los dejó escapar. Poco después, los antidisturbios avanzaron contra la multitud de forma violenta. Utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, bombas de estruendo y camiones hidrantes. El desalojo de la calle se dio en medio de un clima de alta tensión que culminó con más de 200 heridos y 33 detenidos.

Manifestantes en Plaza de Mayo.

MARIANA NEDELCU

Sasha Llyardet, quien concurrió a la manifestación con sus compañeras de la universidad, relata en diálogo con EL PAÍS que al ver que comenzaba a haber conflictos con las fuerzas de seguridad, emprendió la retirada, pero un operativo de oficiales motorizados estaban apostados a unas cuadras del lugar. «Esperaban a los que nos íbamos, salieron a cazar gente. Nos asustamos y empezamos a correr como todos», cuenta. «Una amiga se cayó, yo me demoré por intentar levantarla y aparecieron unos policías. A ella la retuvieron en el piso y a mí me dijeron que si me escapaba, iban a disparar», dice entre lágrimas.

La violencia de esta escena no cesó en su escalada. Los efectivos le apoyaron el arma reglamentaria en la cabeza y le dijeron una y otra vez que si eso no le gustaba «no tendría que haber ido». Desde ese momento fue trasladada a varias comisarías, lo que dificultó que su familia, que se enteró de su detención a través de los medios de comunicación, encontrara su paradero. Durante casi 24 horas, cuenta su hermana Grisel, estuvieron buscándola hasta que lograron dar con ella en la Alcaldía 15 de la Ciudad de Buenos Aires donde había pasado la noche esposada en un pasillo.

Policías se enfrentan a manifestantes durante una protesta a las afueras del senado en Buenos Aires, el 12 de junio de 2024.

Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

Los testimonios coinciden: en la calle, las fuerzas de seguridad impartían el terror para disolver la manifestación. Y las detenciones fueron tan arbitrarias que incluso se llevaron a personas que estaban en las inmediaciones por otros motivos. Así lo cuenta Emiliano Villar, el abogado que se hizo cargo de la representación del detenido Luis Alberto de la Vega, una persona en situación de calle que pasaba cerca. «Él se dirigía a la escuela donde está completando su educación primaria, ni siquiera sabía que había una protesta. La [policía] motorizada da mucho miedo, se suben a la vereda con sus vehículos, hacen emboscadas. Entonces Luis se escondió detrás de un container porque estaba asustado. Eso solo les dio la pauta de que estaba haciendo algo indebido y se lo llevaron».

Argentina carga con una historia de represión estatal muy importante y hay costumbres que persisten como estrategia de autocuidado. Por ejemplo, en las manifestaciones, quienes sufren aprehensiones gritan su propio nombre para facilitar el posterior hallazgo de su paradero. Esto fue lo que hizo Luis Alberto de la Vega y, gracias a que alguien estaba grabando la situación y lo subió a las redes sociales, la Asociación Civil Proyecto 7 -que ayuda a personas en situación de calle- se ocupó de averiguar adónde lo llevaron y de brindarle representación legal.

Un policía durante la protesta del 12 de junio de 2024.

Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

Al culminar la represión, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en X (ex Twitter) emitió un comunicado en el que felicitaba a las Fuerzas de Seguridad «por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina».

Cerca de la medianoche se votó en el Senado la Ley Bases en general y el resultado fue un empate. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, desniveló el número en favor del oficialismo.

Las 35 personas detenidas fueron puestas a disposición de la justicia federal, donde intervienen la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, y acusadas de múltiples delitos: lesiones, incendio o estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos. Además, se dictó la prisión preventiva de 33 de ellos y varios fueron trasladados a unidades del Sistema Penitenciario Federal.

«Teníamos mucho miedo»

Cuenta Sasha Llyardet que las condiciones eran deplorables: «Teníamos mucho miedo, no sabíamos cómo iba a ser estar en una cárcel, no somos personas con antecedentes. El pabellón y la comida estaban llenas de cucarachas». Las condiciones en las cárceles son inhumanas, y ese es otro problema a resolver, pero en este caso hubo un trato especial con los presos por protestar. Durante esos días, otros detenidos relataron torturas que incluyeron intimidaciones, humillaciones y lesiones físicas.

Grisel Llyardet sostiene un cartel con la foto de su hermana Sasha, detenida en el marco de las protestas ocurridas el miércoles 12 de junio 2024.

MARIANA NEDELCU

Las familias, por su parte y con el apoyo de varias organizaciones sociales, encabezaron dos concentraciones para reclamar las liberaciones. Finalmente, el 14 de junio Servini dictó la excarcelación de 17 de los detenidos y cuatro días después dejaron salir a 11 más. Además, se resolvió sobre la situación procesal de los 33 imputados: el procesamiento con prisión preventiva de 5 de ellos, que son los únicos que actualmente permanecen detenidos, y sobre los 28 restantes, se dictó la falta de mérito. Es decir, que no había pruebas para sostener las acusaciones. De todas maneras, continúan abiertas las causas hasta que se dicten las absoluciones.

Esa misma semana, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, advirtió por un «socavamiento» en esta área en Argentina. «Insto a las autoridades a colocar los derechos humanos en el centro de su elaboración de políticas para construir una sociedad más cohesiva e inclusiva. Esto también significa el pleno respeto al derecho de reunión y la libertad de expresión», dijo.

Presentación ante la CIDH

Durante esos días, las redes sociales y los medios de comunicación reflejaron una fuerte preocupación por lo que sucedía con los detenidos. Y los sucesos alertaron a las organizaciones sociales y organismos que velan por el derecho a la huelga y la garantía de los derechos humanos en Argentina, quienes pusieron sus recursos a disposición sus recursos para las familias. Al mismo tiempo, el Centro de Estudios Legales y Sociales hizo una presentación de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores especiales de Naciones Unidas para que intervengan en lo que denominaron una escalada penal «arbitraria y peligrosa»

Dos personas protestan en el vallado que rodea la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo para pedir por la liberación de los detenidos.

MARIANA NEDELCU

Advirtiendo que este era un desenlace posible, el 12 de junio trabajó en el lugar el Archivo Histórico de la Represión en Argentina (AHoRA), un proyecto de registro fotográfico y documental que forma parte de Mapa de la Policía -la red de cuidado ciudadano para contrarrestar la violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.

Uno de los coordinadores de AHoRa, Mario Santucho, dijo: «Nosotros venimos alertando un quiebre en los estándares mínimos de la democracia. Lo que sucedió en este caso fue claramente una violación del derecho a la protesta con la disolución de la manifestación y hay muchas evidencias para pensar que, aunque justificaron la acción con los incidentes de ese día, la represión estaba planificada».

En ese sentido, destacó «un salto cualitativo en la vocación represiva» del gobierno con la instrumentalización de la acción judicial, que extendió las detenciones durante varios días aún sin contar con pruebas para sostener las acusaciones. «Ahora surge una gran pregunta en torno a cómo vamos a hacer para continuar salvaguardando nuestro derecho a la huelga», expresó.

Al ser consultado sobre la posible necesidad de ayuda internacional para hacerle frente a esta situación contestó que «actualmente, hay gobiernos que ven en el gobierno de Javier Milei una amenaza para la democracia. Los que estamos en el país vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que se respete la libertad de expresión y los derechos humanos, pero puede que no sea suficiente. Puede que sea el momento para que alrededor del mundo se piensen estrategias concretas de apoyo y se involucren realmente».

EL PAÍS

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