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Diego M. Raus

Desde el sector kirchnerista del Gobierno argentino y desde la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha desatado, de manera llamativa, dada la profundidad de la crisis económica que está viviendo la Argentina, una nueva andanada contra el Poder Judicial en general, y particularmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Luego de la derrota electoral de 2015 y la asunción del gobierno de Mauricio Macri, se le abrieron a Cristina de Kirchner una serie de causas judiciales cuyo denominador común fueron las acusaciones por corrupción, básicamente con la obra pública. Si bien con el tiempo algunas causas fueron dictaminadas como absolutorias, otras continuaron, e incluso, varias de ellas se unificaron en una sola.

En ese período los argentinos vieron a través de los medios de comunicación algunos videos en los que hijos de empresarios ligados al Gobierno contaban bolsas de dinero y en el que un exfuncionario arrojaba en un convento una bolsa que luego se comprobó contenía nueve millones de dólares. También se encontró ―dentro de una caja de seguridad bancaria― casi cinco millones de dólares a nombre de la hija de la expresidenta. En fin, una serie de evidencias que sostuvieron, y sostienen, el proceso judicial hasta hoy, y que estructura el alegato acusatorio de la Fiscalía que se está produciendo en este mes, el cual se estima que tendrá una duración de al menos dos semanas.

Desde el kirchnerismo se invoca absolutamente el lawfare, una figura política que se desarrolló en la política latinoamericana para hacer referencia a la persecución judicial a presidentes populares. La oposición advierte que las pruebas del proceso muestran flagrantes hechos de corrupción durante los gobiernos de Cristina de Kirchner.

Este es el contexto en el que el kirchnerismo, muchas veces acompañado por el gobierno de Alberto Fernández, denuncia una persecución política con herramientas judiciales contra Cristina de Kirchner. Incluso esta tensión llevó al cambio de ministro de Justicia, saliendo una jurista reconocida, Marcela Losardo, afín a Alberto Fernández, y entrando como ministro un político, Martín Soria, que responde directamente a Cristina de Kirchner. Si bien desde la oposición ampliada se juzgó este cambio como la manera de terminar con las causas judiciales, en la actualidad estas prosiguen y están a un paso del veredicto.

Dado este intento fallido de intervenir la decisión del organismo, actualmente el kirchnerismo propone una ampliación de la Corte Suprema para que pase de cinco (lo que hay en este momento) a veinticinco miembros, un Supremo por cada provincia, con el objetivo de diluir el proceso. Este intento, sin embargo, tiene pocas posibilidades de salir adelante, debido a que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados.

¿Qué posibilidades se presentan ante los nuevos ataques a la Corte Suprema?

En primer lugar, si bien el temor de Cristina de Kirchner y de su sector político se incrementa ante el inminente fin del proceso y un probable veredicto de culpabilidad, de toda la acusación o parte de ella, esta tiene y seguramente tendrá inmunidad parlamentaria hasta las próximas elecciones presidenciales en 2023.

Este temor, además, no se centra en su figura, pues el proceso involucra a su hija Florencia, quien siempre ha estado alejada de la política y de la exposición pública, y a numerosos exfuncionarios de su otrora gobierno, muchos de ellos cumpliendo ya penas en prisión efectiva o domiciliaria.

Por otro lado, puede ser que esta nueva ofensiva sobre la justicia tenga la intención implícita de correr a Cristina de Kirchner y el kirchnerismo del centro de la política, dada la crisis económica que se está viviendo y ante el riesgo de una corrida cambiaria y una posible devaluación y, de esta manera, dejar que la crisis sea absorbida por el sector político del gobierno que responde a Alberto Fernández.

Por último, se ha empezado a mencionar tímidamente la idea de un posible fallo condenatorio que lleve a una proscripción política de Cristina de Kirchner para las presidenciales de 2023 y que le inhiba de la posibilidad de una candidatura directa, lo cual causaría un daño directo en el electorado de su propio sector.

En fin, el megacaso que apunta al kirchnerismo ya lleva seis años y está llegando a su final. Y más allá de las condenas que surjan de ese veredicto, lo que sí puede considerarse casi seguro es el gran impacto político que causará en el país.

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