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Ante una aceptación más o menos generalizada de que la guerra contra las drogas ha fracasado, el presidente Gustavo Petro se ha lanzado a liderar la construcción de un nuevo modelo

En el pasado, de vez en cuando, una voz se atrevía a pronunciar que la guerra contra las drogas ha sido, y es, un fracaso. Hace una década, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentaba un informe de la OEA que exploraba alternativas a la lucha antidrogas, el primero hecho por un organismo multilateral. Parecía entonces que Santos asumiría un papel de liderazgo para cambiar el paradigma global en materia de drogas, pero todo quedó en papel mojado, se olvidó, y se reforzó el modelo basado en la erradicación y la militarización. Ahora, el discurso de cambio ha vuelto, tal vez más fuerte que nunca. Parece que la claridad de las cifras se ha impuesto y la derrota del modelo seguido en líneas generales desde hace medio siglo es ya incontestable. Lo que faltaría es una alternativa clara, y Colombia, una de las víctimas principales del enfoque más punitivo, ha dado un paso al frente para proporcionarla.

El presidente Gustavo Petro ha abogado desde el día de su posesión por ella, partiendo de la evidencia que hay sobre la mesa, como el aumento constante de los cultivos y la producción, que en 2023 ha vuelto a romper récords; o las muertes que también escalan, tanto por parte de usuarios ―en Estados Unidos en 2022 murieron 110.000 norteamericanos de sobredosis, principalmente por el fentanilo, más que en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán juntas― como por la violencia ligada al narcotráfico que siembra cadáveres desde Chile hasta México; o las crecientes incautaciones, que, sin embargo, no afectan la oferta, también al alza; y, finalmente, por la condición cada vez más precaria de los campesinos que cultivan la coca que más adelante se convertirá en cocaína.

El pasado fin de semana, esa alternativa promovida por Petro se comenzó a vislumbrar más claramente. En un foro en Cali, con la presencia especial del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, líder de otro de los países que más han sufrido, y sufren, la guerra contra las drogas, se propuso replantear la política para abordar las drogas ilícitas como un problema social y de salud pública. Es la primera piedra para una nueva hoja de ruta que lleve a conformar un grupo de trabajo y, más adelante, una gran cumbre de presidentes latinoamericanos.

La propuesta todavía está muy verde, es verdad, pero es algo más sólido sobre lo que construir que los discursos más o menos aterrizados en los que se imploraba por un cambio de enfoque. En términos generales, la idea, desarrollada de la mano de las comunidades, la academia, los expertos y la comunidad internacional, ofrece un panorama completo. Por un lado, busca quitar el foco de la represión de los campesinos que cultivan y ponerlo más fuertemente sobre las mafias que trafican. Esto significa apoyar a las comunidades en el tránsito hacia economías legales, la formalización de tierras, la protección del medio ambiente, la atención del consumo como problema de salud pública y avanzar en la regulación de los usos legales de la hoja de coca; mientras, al mismo tiempo, se asfixia a los criminales de alto nivel, atacando la infraestructura de producción, el lavado de activos, la corrupción asociada al narcotráfico, entre otros.

Ante lo propuesto, Estados Unidos se ha mostrado relativamente positivo y en sintonía. “Entendemos que nuestro enfoque colectivo debe evolucionar, y así ha sido… Por el lado de la demanda, Estados Unidos se centra en ampliar las prácticas basadas en evidencia sobre prevención, reducción de daños, tratamiento y recuperación a los profesionales que trabajan en el campo para prevenir y tratar los trastornos por uso de sustancias. Por el lado de la oferta, se centra no sólo en el cultivo ilícito de cultivos y la producción y el tráfico ilícitos de cualquier droga, incluidas las sintéticas, sino también en abordar las causas profundas de por qué las personas se involucran en esas actividades”, contestó un portavoz del Departamento de Estado al diario El Tiempo.

Es notable que en ningún momento se propone la legalización explícitamente. No es casualidad. Sería un experimento riesgoso desde varios puntos de vista, y abanderarlo sigue conllevando un riesgo político importante, pues sigue siendo vista con mucho recelo, como lo demuestra el fracaso el semestre pasado de la propuesta de regular la marihuana en Colombia. Además, si bien el Departamento de Estado actual de los Estados Unidos ha mostrado sintonía con la propuesta, un contingente importante del partido republicano está de acuerdo con atacar militarmente a los carteles mexicanos en territorio mexicano, lo cual escalaría de una manera sin precedentes la guerra contra las drogas.

Así que, sí, probablemente hay una aceptación creciente de que la estrategia seguida durante los últimos 50 años ha sido un fracaso, pero eso no significa que los más recientes acontecimientos signifiquen el fin del modelo, o un cambio total. Falta bastante camino por recorrer, y más que unos cuantos obstáculos por superar -convencer a unas fuerzas del orden acostumbradas al paradigma imperante, el cual les otorga mucho poder y presupuesto, por poner un ejemplo-, pero Petro se tiene confianza. Habrá que ver si sí logra completar la maratón. Por ahora solo ha dado un paso.

Otras historias

Antes de despedirme hoy, les dejo estos artículos que sacamos en la última semana y merecen su atención:

Petro tiene al enemigo en casa. En este artículo, Juan Diego Quesada hace un recuento de la batalla del presidente contra la construcción de un clima de opinión en su contra, en la que los golpes más certeros los recibe de su entorno más cercano.

Los millonarios contratos cuestionados en el Ministerio de Ciencias. Juan Pablo Vásquez cuenta aquí cómo funcionarios de la cartera advirtieron a la ministra Yesenia Olaya sobre los riesgos de llevar a cabo los convenios y cómo ella decidió seguir adelante.

Colombia es el mayor cementerio mundial de defensores de la tierra. En este artículo, Noor Mahtani disecciona las tristes cifras de Global Witness, en las que de los al menos 177 líderes ambientales que fueron asesinados en 2022 en todo el mundo, 60 de ellos fueron en Colombia.

La política local, trampolín y refugio de los presidenciables colombianos. Con las elecciones regionales ya en el horizonte cercano, Inés Santaeulalia, explica cómo la carrera política se labra ahora en las regiones en lugar de en el Congreso, hundido en el descrédito y sin líder de la oposición.

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