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Un colectivo ciudadano en Ecuador lanzó una campaña para solicitar la revocación del mandato del presidente Guillermo Lasso, arguyendo que no cumplió con sus promesas. Los activistas afrontan obstáculos, pero no cejan en su empeño.

La Coordinadora por la Revocatoria del Mandato de Políticos Demagogos del Ecuador, que reúne a diversos grupos, quiere evitar que Lasso y su vicepresidente Alfredo Borrero concluyan su administración en 2025, como está previsto, pues señalan que han incumplido su plan de gobierno y su Plan Nacional de Desarrollo.

«El país está roto, el país no aguanta más, y lo que hemos hecho es buscar marcos legales y jurídicos para ejercer nuestros derechos y poder encontrar una salida democrática a la situación que se vive», dijo Tamara Idrobo, una de las impulsoras, en diálogo con la Agencia Sputnik.

Sin embargo, la empresa no es sencilla. En julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a entregar los formularios necesarios para recoger las firmas requeridas para iniciar el proceso. El órgano sostuvo que no se argumentaron de forma efectiva las causales para la remoción de los mandatarios.

Frente esto, la Coordinadora presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que el 5 de octubre aceptó a trámite la apelación, pero dos días después denegó la posibilidad de avanzar con el proceso.

Los impulsores de la propuesta interpondrán un nuevo recurso en los próximos días.

«Contamos con tres días laborales para presentar la apelación, y todo que estamos haciendo es apegado a la ley», dijo a la Agencia Sputnik la presidenta de la Coordinadora, Kerly Carvajal.

En tanto, la abogada del colectivo ciudadano, Angélica Porras, dijo a esta agencia que la negativa que han recibido del TCE todavía es susceptible primero de un recurso de aclaración y luego de apelación.

«La decisión que nos han hecho llegar recientemente es de primera instancia, y estamos preparando por tanto el recurso de apelación», afirmó.

Informes

El informe presentado por la Coordinadora para solicitar el proceso de revocación arguye, entre otras cosas, que el binomio Lasso-Borrero propuso crear un millón de plazas de trabajo, 250.000 al año, sin que se haya concretado.

«Esto no existe. Y no podía generarse en el marco de un proyecto que plantea como panacea la flexibilización y la precariedad laboral», dice el texto.

Además, hace mención a la promesa presidencial de garantizar medicinas gratuitas y acceso a la salud de calidad, pero señala que los hospitales están desabastecidos, incluso del catálogo más básico de medicinas, y que no es posible acceder a atención médica durante meses.

En el informe se acusa además a Lasso de incumplir su promesa de combatir la inseguridad y de acabar con la crisis carcelaria.

Idrobo citó, además, el incremento de los femicidios, con más de 206 muertes de mujeres esta año, así como problemas para acceder al derecho a la identidad a través de la cédula o el pasaporte y el aumento de la emigración.

La activista además señaló que el malestar social con el presidente se refleja en una reciente encuesta, según la cual Lasso tiene apenas 17 por ciento de aprobación.

Mecanismo constitucional

El artículo 105 de la Constitución ecuatoriana consagra el mecanismo de revocación del mandato presidencial, y precisa que puede ser presentado luego del primer año de mandato y antes del último.

Esta solicitud deberá contar con el respaldo de al menos el 15 por ciento de los empadronados, lo que representa 1,9 millones de firmas válidas en el caso del presidente y el vicepresidente.

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana contempla la aplicación de este mecanismo cuando hay un incumplimiento del plan de gobierno, de disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y de las funciones y obligaciones establecidas por la legislación nacional.

Al presentar la primera solicitud de los formularios ante el CNE, el abogado y activista Pedro Granja, integrante de la Coordinadora, dijo que este proceso obligaría al presidente a cambiar su modo de gobernar o a renunciar.

En caso de ser aceptado por el TCE el recurso interpuesto, la Coordinadora podría acceder a los formularios para iniciar el proceso de revocatoria, y de ser rechazado el recurso, se archiva el expediente presentado.

Para Kerly Carvajal, «será el TCE el que decidirá si da paso a la revocatoria o, por el contrario, interpondrá sus ideales políticos a los del pueblo».

La semana pasada, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó con 103 votos a favor una resolución sobre el incumplimiento del plan de gobierno, lo cual no es motivo de destitución pero sí puede funcionar como base para sustanciar un proceso de revocatoria como el que impulsa este colectivo ciudadano.

SPUTNIK