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Con la modificación al sistema previsional, aprobado por el Congreso, se incorpora mayor competencia en la industria de la administración de fondos y, como no ocurría desde 1981, vuelve la cotización a cargo del empleador

El principal proyecto del Gobierno de Gabriel Boric, la reforma de pensiones, que crea un sistema mixto de administración de los ahorros de los jubilados, ha sido aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados. El texto, que entrará en vigor una vez sea revisado por el Tribunal Constitucional y promulgado por el presidente de Chile, modifica el rostro del modelo de jubilación que ha regido durante los últimos 43 años en el país sudamericano.

Estas son algunas claves de la modificación realizada al sistema previsional chileno y sus impactos:

El retorno de la cotización del empleador y la reducción de las brechasLa principal novedad está en que el financiamiento de las pensiones deja de recaer exclusivamente sobre los trabajadores, pues los empleadores se encargarán de pagar un nuevo aporte del 8,5% de las cotizaciones, del cual un 7% corresponde a la renta imponible y el resto, el 1,5%, el que ya existe para cubrir el seguro de invalidez y sobrevivencia. La puesta en marcha de esta cotización se hará con una gradualidad de nueve años.

La distribución de este aporte será de un 4,5% para capitalización individual, lo que fortalecería las pensiones del futuro. El otro 4% será administrado por el Seguro Social, que se crea con esta reforma, y tendrá la siguiente composición: un 2,4% cubrirá las contingencias de invalidez y sobrevivencia y la compensación a mujeres que, por tener mayor expectativa de vida, han recibido montos menores en su jubilación respecto a los hombres. En tanto, el 1,5% restante financiará un beneficio por año cotizado, el cual será transitorio y con el que se pretende aumentar algunas pensiones.

Los gremios empresariales han manifestado su preocupación por las consecuencias que pudiera tener este incremento. Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), la asociación que agrupa a las mayores compañías en Chile, dijo en una entrevista con EL PAÍS que «la propuesta implica un costo demasiado alto para el empleador, en momentos en que enfrentamos una tasa alta de desempleo, mucha informalidad y baja productividad».

El ajuste representa un hito, porque se incorpora la antigua cotización de los empleadores que quedó suspendida en Chile en 1981, en la dictadura de Augusto Pinochet. No solo Boric intentó modificar este sistema, sino que también los gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quienes no lograron avanzar en cambios sustanciales. En 2008 fueron implementados los sistemas de Pilar Solidario y de licitación de afiliados nuevos; mientras que en 2018 fue creada la Pensión Garantizada Única (PGU), un beneficio estatal otorgado a los mayores de 65 años y que fue aumentado a 250.000 pesos, equivalente a 250 dólares, con la nueva reforma de pensiones.

El proyecto de Boric tuvo elementos más complejos de digerir en relación con los anteriores discutidos en los últimos 15 años, dice el economista Guillermo Larraín, exsuperintendente de pensiones en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). «Eso le agregó una dosis de dificultad para su aprobación, ya que se subió mucho la cotización».

Para lograr sacar adelante la iniciativa en el Senado, donde estuvo varios meses, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con la derecha tradicional, donde debió morigerar más sus propuestas, al punto que en la votación en la Sala de la Cámara de Diputados, este miércoles, algunos parlamentarios, como Emilia Schneider, del Frente Amplio, el partido del presidente Boric, reconoció que «no es la reforma que soñábamos», aunque abre el camino para avanzar en materia de previsiones.

El descontento de las AFP y el papel más protagónico del EstadoCuando el presidente Boric presentó su proyecto de reforma previsional el 2 de noviembre de 2022, hace más de dos años, proponía poner fin a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), instituciones privadas a cargo de recaudar e invertir los ahorros de los afiliados desde hace cuatro décadas. Pero esta idea fue descartada debido a que la oposición se negó a la desaparición de estas entidades financieras, mientras el oficialismo no tiene mayoría en el Parlamento.

Aunque se mantienen en el negocio, la futura ley incorpora cambios en sus operaciones. Se establece un nuevo sistema de carteras de referencias y de premios y castigos para las AFP basado en la rentabilidad de los fondos. Pero una de las modificaciones que más ha generado discusión está en la incorporación de una licitación de stock de afiliados, pues contempla que cada dos años se licitará el 10% de la cartera de los afiliados no cotizantes y se adjudicará a la administradora con menor comisión.

La entidad que gane este proceso no podrá subir la comisión ofertada durante cinco años. Este mecanismo ha despertado la molestia de los controladores estadounidenses de tres propietarios de AFP en Chile. En específico, el presidente y gerente general del American Council of Life Insurers, David Chavern, envió una carta al presidente Boric, este miércoles, indicando que la iniciativa pone «en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio». La misiva tuvo una respuesta inmediata de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del Trabajo, Jeannette Jara. «Las administradoras no son propietarias de los afiliados, no son propietarias del sistema de pensiones, no son propietarias de los ahorros», dijo Marcel en la Cámara de Diputados.

La reforma también reemplaza los cinco fondos del sistema previsional (A, B, C, D y E) administrados por las AFP como alternativa de inversión, que se diferencian por el nivel de riesgo y rentabilidad, por unos denominados Fondos Generacionales que dependerá de las edades de los afiliados.

El economista Larraín plantea que se concede un papel más significativo al Estado: «Pasa a jugar un rol más importante en la gestión del sistema. Seguirá siendo fundamentalmente privado, pero el Estado tiene un rol más grande, relacionado con generar condiciones que favorezcan que en el mercado de las AFP o de pensiones privadas haya más competencia y los precios sean más bajos, lo que se materializa con el stock de licitación».

El efecto político de una vieja promesaLa aprobación de la reforma coincide con un año en que se realizan elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Para el analista político Harald Beyer, exministro de Educación en el primer mandato de Piñera y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, no hay dudas de que el presidente sale fortalecido, aunque no se haya aprobado el diseño original que propuso al Congreso: «Boric no tiene grandes logros que exhibir durante su Gobierno. Pero la ciudadanía le reconocerá que tuvo que renunciar a sus aspiraciones para lograr un acuerdo para aprobar la reforma de pensiones».

Pero no sería el único victorioso: Beyer asegura que Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, la coalición de partidos de la derecha tradicional, saca provecho político porque en la recta final de la tramitación legislativa apoyó al proyecto, pero pidió esperar la postura del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) -un organismo público independiente y de carácter técnico- para conocer la sostenibilidad fiscal. Luego, esta institución presentó un informe en la comisión de Hacienda del Senado que detectó 11 riesgos y realizó recomendaciones para mitigarlos, las cuales fueron acogidas por el ministro Marcel. «De alguna manera se le reconoció, implícitamente, el liderazgo de la candidata [de la derecha tradicional], lo que siempre es positivo en política», dice el analista político.

Considera como perdedores a la derecha más dura, representada en el Partido Republicano, fundado por José Antonio Kast, quien también aspira a ser presidente de Chile. Es un sector que votó en contra del cambio al modelo previsional: «Sus argumentos para estar en contra han sido defectuosos, y que quedarán descolocados porque la reforma, más allá de lo que muestran las encuestas ahora, caerá bien en la población», dice Beyer.

Por otro lado, el que el Gobierno y un sector de la oposición llegaron a un consenso en torno a una reforma previsional es un signo de espacios para nuevos pactos. «Se abre la puerta para otros acuerdos, como podría ser una reforma a la política que evitaría la excesiva fragmentación que tiene Chile», dice el analista.

EL PAÍS