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Cada día que transcurre hay más y más organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que anuncian su participación en el paro y movilización nacional del 24 de enero. Ese que organizó la CGT en contra del DNU y la Ley ómnibus, las herramientas con la que Javier Milei quiere cargarse el Estado nacional. Ante esta situación, el presidente en persona y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidieron emprenderla contra la medida de acción directa. Milei atacó al triunviro de la CGT, Pablo Moyano, al calificarlo como «enemigo».

Por su lado, la ministra reactivó su protocolo antipiquetes y les envió una carta documento a una serie de organizaciones sociales y centrales sindicales para que paguen la multa por los operativos policiales que se realizaron en diciembre último. Les reclama 56 millones de pesos. La CTA Autónoma aseguró que esto representa otra muestra más de «la persecución política y un intento de intimidación» por parte del gobierno libertario. La CGT, en tanto, ratificó la protesta del 24 y afirmó que «no existe condicionamiento posible para que los trabajadores se expresen en democracia».

Mientras en el Congreso el oficialismo se debate entre sostener el texto de la Ley ómnibus tal como la envió Milei o aceptar modificaciones para poder ofrendarle una media sanción, en los estrados judiciales continúan habilitándose las ferias para evaluar la catarata de amparos que se presentaron. Por ahora, solo se emitieron cautelares en las presentaciones de la CGT y las CTA que frenaron el capítulo cuarto del DNU, el destinado a destruir la legislación laboral, los derechos de los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Ahí está el origen de la bronca y la reacción de Milei.

El mandatario, que por fin logró trasladarse a la residencia presidencial de Olivos, reaccionó ante una declaración de Pablo Moyano, el secretario adjunto de Camioneros y triunviro de la CGT. La hizo luego de participar en el plenario de las regionales que tiene la central obrera en todo el país. Allí, Moyano dijo que «el objetivo es voltear el DNU y la ley ómnibus y hacer una gran movilización el 24». Una frase prácticamente igual a la que viene repitiendo otro de los triunviros, Héctor Daer. Sin embargo, Milei se horrorizó con Moyano.

El presidente movió sus dedos y escribió un tuit incendiario: «Acá tienen a los enemigos de la reforma. Los que quieren voltear la ley para que nada cambie. Para mantener sus privilegios». Luego continuó: «Fíjense quien está a favor del cambio y quien está en contra. Los que están a favor defienden a los argentinos de bien. Los que están en contra defienden sus privilegios. Los argentinos elegimos un cambio. No van a poder con nosotros», cerró con un forzado tono épico para terminar transcribiendo la declaración del dirigente camionero.

«Por primera vez coincido con el presidente Javier Milei, quien hoy me calificó como ‘uno de los enemigos de la reforma’ que propone», dijo —con tono irónico— a Télam el dirigente sindical. Moyano no dudó y le retrucó al presidente libertario: «Soy el principal enemigo, pero no porque no sea un argentino de bien o porque quiera mantener privilegios, como dijo, sino porque 0, afirmó.

El dirigente camionero buscó demostrar la razón del ataque al afirmar que, si bien los dichos de Milei son «una locura», lo cierto es que «la CGT es el último bastión y muro de contención que tiene el Gobierno, porque el PJ está muerto y los gobernadores se cuidan y solo les resta derrotar al movimiento obrero, pero jamás lo lograrán».

Las multas de Bullrich

Moyano también avanzó sobre las multas que la ministra Bullrich busca aplicarles a gremios y centrales sindicales que participaron de la marcha a Plaza Lavalle donde le reclamaron a la justicia que frene el DNU de Milei. El triunviro de la CGT recordó que este mecanismo ya se intentó aplicar durante el gobierno de Mauricio Macri cuando Bullrich también era ministra de Seguridad. En ese entonces pretendió multar por casi mil millones de pesos al gremio de camioneros por hacer asambleas. «La Justicia calificó como una total ridiculez y, por supuesto, finalmente la rechazó», dijo Moyano.

El anuncio de las multas que pretende aplicar Bullrich llegaron a través de cartas documento que llegaron a las sedes de Camioneros, UOM, UTEP, las dos CTA y Uocra. También recibieron la carta la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Asociación Civil Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

Lo que pretende recaudar Bullrich asciende a 56 millones de pesos. Es lo que considera lo que le costó al Estado el operativo de seguridad para una movilización que se realizó con total tranquilidad. Salvo, claro está, cuando la propia policía protagonizó corridas y detenciones una vez que había terminado la actividad frente a los Tribunales de la calle Talcahuano. No está claro si esas corridas están incluidas en la factura.

Para el CELS la tan cacareada multa es, en rigor, una tasa a la que califican de «intimidatoria» y que debería ser impuesta por una ley. Y le dicen tasa porque si fuera una multa se podría realizar un descargo, como ocurre con las multas de tránsito. Para Bullrich no hay tu tía y pide que se pague sin chistar en un plazo no mayor a diez días hábiles. Pero además, la pretendida multa es intimidatoria porque se cobra por un supuesto servicio que presta la Policía y que es parte del Estado que tiene el monopolio de la fuerza.

Las reacciones a esas cartas documento no se hicieron esperar. La CGT emitió un comunicado donde no sólo rechaza el intento intimidatorio del gobierno sino que advierte que la central obrera «no representa los intereses de una ‘casta’ sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga».

Desde la central obrera avisaron que tras esta «nueva provocación» van a presentar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja formal contra el gobierno de Milei.

Para la CTA Autónoma que preside Hugo «Cachorro» Godoy, las multas, penas o supuestos pagos solidarios representan en realidad «actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta».

Ante las reacciones sindicales, todo indica que la pretensión de Milei de detener o menoscabar la fuerza de la movilización del 24E es en realidad un potenciador de esa medida de acción directa que se concretará en apenas 12 días más.

Página 12