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«Una vez superada la emergencia sanitaria, se profundiza la desigualdad, bajan los salarios y las jubilaciones», remarcó el Frente Amplio en las últimas horas.

El Frente Amplio aseguró que pasada la primera mitad del mandato del presidente Luis Lacalle Pou, el gobierno «atraviesa un momento crítico», indicando que la administración en «el último tramo del período» tiene para exhibir «más explicaciones que logros».

«Los escándalos asociados a los casos Marset y Astesiano tuvieron un fuerte impacto sobre la credibilidad de las instituciones, uno de los patrimonios que distingue al país en el mundo», remarcó una declaración del partido opositor a la que tuvo acceso El País.

Allí se apuntó, además, que «a 950 días de comenzar el gobierno de coalición se improvisan cambios en el equipo del presidente», en referencia a que algunos ministros «renunciaron, anunciaron su salida o fueron removidos».

A través de dos páginas, el Frente Amplio destacó las acciones parlamentarias que han activado para conocer más detalles del caso Astesiano, que se suman a las interpelaciones que han impulsado por el de Marset.

El llamado a Comisión General del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, así como del pedido de que otros jerarcas del Ejecutivo también concurran tiene el objetivo, plantearon, de «esclarecer hechos que comprometen la imagen del país, horadan nuestra credibilidad internacional y generan desconfianza».

Otro elemento que criticó la coalición de izquierda es el cambio en la política antitabaco, impulsada por el expresidente Tabaré Vázquez. En ese sentido, apuntó sobre las modificaciones que hizo Lacalle Pou. «Asumió que las mismas fueron adoptadas a pedido de empresas privadas para favorecer sus intereses, empresas que colaboraron con la campaña del Partido Nacional», dijo, sin precisar más detalles.

Respecto a la situación económica, la oposición remarcó que «luego de dos años de crecimiento económico consecutivo, una vez superada la emergencia sanitaria, se profundiza la desigualdad, bajan los salarios y las jubilaciones, (y) no se encuentran respuestas para el aumento de la pobreza que se profundiza en la infancia».

El Frente Amplio dio un paso más y aseguró que hay un «impacto regresivo del desmantelamiento de las políticas sociales». Esto, dijo la fuerza que preside Fernando Pereira, hace que «la enorme mayoría de las uruguayas y uruguayos viva peor, al tiempo que se beneficia a minorías privilegiadas», un argumento que también se ha esgrimido desde el comienzo de la administración.

Además, los intendentes de la fuerza política «abordan las necesidades que las políticas del gobierno nacional no cubren», sin puntualizar qué casos y situaciones llevan adelante.

El comunicado surge pocos días después de la votación en el Senado de la Rendición de Cuentas. Esta redacción, planteó el Frente Amplio, «supone un retroceso» que «agudiza» los problemas que aducen.

«Los recortes presupuestales a la universidad, la educación pública y la ciencia son la consolidación de un modelo de país que favorece la concentración de la riqueza en detrimento de las condiciones de vida de las grandes mayorías», remarcó la oposición.

Más adelante, el Frente Amplio criticó al gobierno porque «en lugar de implementar medidas de fondo para erradicar el hambre, transfiere la responsabilidad de la ineficacia de sus políticas a las personas que en el medio de la crisis organizaron solidariamente ollas populares para alimentar a sus vecinos», en referencia a la polémica pública entre el Mides y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS).

El cruce se agudizó aún más cuando la cartera que dirige Martín Lema le quitó el apoyo a la organización y coordinó esfuerzos con el Ejército para enviar los insumos a las ollas nucleadas en CPS.

Sobre este caso, la fuerza política da un paso más y asegura que «hace mal el Gobierno al poner la mira sobre los más vulnerados y generalizar las sospechas sobre las ollas populares esgrimiendo la necesidad de controlar el uso de los recursos públicos».

El Mides ha planteado que este desenlace fue por la falta de información de cómo administran los recursos que reciben, mayoritarios para CPS. Nuevamente, apuntando a la gestión, la oposición reclamó que es «responsabilidad del Mides, no de las vecinos» el control del destino de los recursos.

Otro elemento en el análisis del gobierno que hizo el Frente Amplio refiere a la reforma educativa que se prevé, comience a partir de 2023. «Con el mismo estilo con el que se impuso la LUC (Ley de Urgente Consideración), se pretende llevar adelante una reforma educativa de espalda a estudiantes, docentes y el conjunto de la comunidad educativa», en un contexto de tensión entre las autoridades educativas, los docentes, las gremiales estudiantiles y los sindicatos por los cambios previstos.

Aterrizando en los hechos de las últimas horas, en torno al pedido de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, la coalición de izquierda respondió: «Repudiamos la infeliz y poco seria acción de los ediles de la coalición conservadora en Montevideo, pretendiendo desviar la atención de la población con una moción de juicio político a la compañera Carolina Cosse. Una burda maniobra distractiva que pretende tapar el solo con un dedo y constituye un paso más en la degradación institucional».

«El Frente Amplio se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un pilar de la democracia y un impulsor de avances en clave de justicia social», remarcó la oposición.

Al tiempo que «exhorta» a la militancia «a mantenerse movilizada» en todo el país, «acompañando de forma solidaria las luchas del pueblo». El Frente Amplio remató su análisis asegurando que trabaja para «superar las angustias» de la ciudadanía.

EL PAÍS URUGUAY