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El segundo año del Congreso, que comienza este jueves 20 de julio, será difícil para el presidente Gustavo Petro. Su deseo de aprobar lo más pronto posible las reformas sociales que prometió en campaña se enfrentará con la falta de mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes, con las elecciones regionales de octubre y, sobre todo, con el resurgir de una oposición liderada por el Centro Democrático y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha propuesto hacer un bloque legislativo contra las grandes iniciativas del Gobierno. A partir de ahora, la reforma a la salud deberá comenzar la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes y la pensional llegará a la plenaria del Senado. La laboral y la de educación serán presentadas en los próximos días y empezarán de cero su trámite en el Congreso.

A diferencia de los primeros meses de la legislatura pasada, en los que el Gobierno logró que el Congreso en pleno le diera el visto bueno a su reforma tributara, a la ley de Paz Total y al Plan de Desarrollo, ahora la coalición legislativa está débil y desgastada. En ese entonces, el ejecutivo tenía el voto de 75 de los 106 senadores y 125 de los 186 representantes a la Cámara. Hoy, ya no tiene el apoyo del partido Conservador ni del partido de la U, que hace unos meses pasaron de ser partidos de Gobierno a declararse en la independencia. Esa decisión, impulsada por el propio presidente Petro, tuvo efecto en la caída de la reforma laboral y en el poco avance de las reformas de salud y de pensiones en la recta final del pasado periodo legislativo. Los conservadores tienen 15 senadores y 25 representantes a la Cámara, y el Partido de la U tiene 11 senadores y 15 representantes a la Cámara. Sus votos serán claves para la aprobación o el hundimiento de cualquier reforma.

El Gobierno tampoco tiene garantizado el apoyo total del partido Liberal, que en teoría sigue siendo parte de la coalición, pero en la práctica está dividido y no apoya muchas de las iniciativas importantes del presidente, como la reforma a la salud. En el partido Verde ocurre algo similar. Tienen puestos importantes en la Casa de Nariño, como la dirección del DAPRE, y han apoyado casi todas las reformas de Petro. Pero algunos senadores y representantes han expresado en varias ocasiones su deseo de dar un salto a la independencia. La congresista Cathy Juvinao, por ejemplo, lo dijo hace un tiempo en entrevista con cuando el escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia desató una crisis política: «No es que queramos saltar del barco ante el primer problema, solo que después de analizar los últimos hechos de una posible financiación que parece opaca se debería discutir la posibilidad de declararnos en independencia». Esta idea la han respaldado congresistas como Jota P Hernández, el más votado del Verde, o Katherine Miranda, representante en la Cámara por Bogotá.

El Gobierno entonces parece tener garantizado solo el apoyo irrestricto de la bancada del Pacto Histórico, debilitada por la salida del congreso de los senadores Roy Barreras y de Gustavo Bolívar; y del Partido Comunes, conformado por antiguos combatientes de la extinta guerrilla de las FARC. Con esos cálculos negativos, es necesario que el ministerio del Interior, liderado por Luis Fernando Velasco, logre recomponer las mayorías si quiere que las reformas pasen su trámite en el legislativo y se vuelvan ley el próximo año. El senador Ariel Ávila lo resumen bien a El PAÍS: «Esa legislatura va a ser muy complicada por la cantidad de reformas y por los niveles de disputa que vienen. Le toca al ministro Velasco volver a armar la coalición para que las leyes se aprueben».

En el mes de receso que tuvieron los congresistas, las conversaciones entre el Gobierno con los partidos tradicionales estuvieron quietas. Velasco, sin embargo, sí ha tenido encuentros con congresistas por separado. Parece que su apuesta ya no es convencer a los presidentes de los partidos, sino ganar uno a uno los votos de los senadores y representantes. Así lo explicó recientemente en una entrevista con el diario El Espectador: «La primera tarea es reconfigurar la fortaleza de un grupo de congresistas de distintos partidos que creen en nuestras reformas. Uno no puede hacer un acuerdo político si la gente no cree en ese acuerdo, porque esto no es una cosa transaccional». Y ante la pregunta de si se reuniría con César Gaviria, presidente del partido liberal, o con Efraín Cepeda, del Conservador, Velasco respondió: «Yo me sentaría con los directores de los partidos a hablar de la esencia de nuestro proyecto político, pero es con los congresistas con quienes me siento a hacer las leyes».

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y una de las mayores aliadas del presidente Petro en el Congreso, es más optimista. En conversación con El PAÍS afirmó que el objetivo es trabajar con los «demócratas que existen en los demás partidos y que están comprometidos con las reformas por las que votó Colombia». Pizarro insiste en que la meta más importante es llegar a acuerdos y a consensos que permitan la aprobación de un nuevo modelo de salud, de pensiones y laboral. La senadora reconoce que el gran reto que tiene ahora el gobierno es «construir con los partidos que se han declarado en independencia». Es realista, pero mantiene la ilusión: «veo que la situación avanza con más tranquilidad de lo que terminó la legislatura pasada, pero habrá que esperar a que inicien los debates».

Además de la ausencia de mayorías legislativas, el Gobierno tendrá que lidiar en los primeros meses con las elecciones de octubre para alcaldes y gobernadores. Normalmente, en los meses previos a las votaciones, los congresistas están más concentrados en los resultados electorales de sus regiones que en las iniciativas parlamentarias. Lo más probable es que haya ausentismo e indisciplina de muchos senadores. La senadora Paloma Valencia, del partido de oposición Centro Democrático, lo explicó esta semana en el podcast A Fondo de la periodista María Jimena Duzán: «En estos primeros meses el Congreso será lento porque todo el mundo está con la atención en las elecciones. Además, los políticos de los partidos tradicionales han entendido que aprobarle las reformas a Petro tendría consecuencias electorales negativas. Muchos se abstienen por un posible voto castigo».

Otro factor al que se tendrá que sobreponer el Gobierno para aprobar sus reformas es que el Pacto Histórico ya no tendrá la presidencia ni del Senado ni de la Cámara de Representantes como en la primera legislatura. En vez de Roy Barreras y Alexander López, aliados de Petro, lo más probable es que Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, sea la presidenta del Senado. La senadora Lozano ha apoyado las reformas del Gobierno, pero en los últimos años ha tenido profundos desencuentros con el presidente. En la Cámara ya no estará David Racero, escudero del mandatario, sino Andrés Calle, del partido Liberal.

El último tropiezo con el que se encontrarán las reformas de Petro será una oposición fortalecida. Aunque aún no cuentan con mayorías en el legislativo, han recibido más apoyo ciudadano después de la crisis política que desataron las declaraciones de Armando Benedetti de una posible financiación ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El presidente, en el último mes, alcanzó niveles de desfavorabilidad del 69%. Si la oposición, liderada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, logra que esa inconformidad se expanda a un bloque legislativo en contra de las reformas, como lo propuso recientemente el exvicepresidente Germán Vargas, el gobierno tendrá pocas posibilidades de aprobar sus propuestas de campaña. Por ahora Petro no tiene las mayorías, pero tampoco las tiene la oposición. Por eso, el segundo año legislativo, será también en el que la balanza se consolide para un lado o para el otro.

EL PAÍS