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La agenda del diputado de extrema derecha incluye suprimir el gasto público, bajar la edad de imputabilidad, libre portación de armas y hasta la desaparición del Banco Central.

La Libertad Avanza, la alianza de extrema derecha que encabeza Javier Milei, pidió a la Justicia Electoral el reconocimiento de la personalidad jurídica para presentarse a las próximas elecciones nacionales y dio a conocer su plataforma electoral. Son más de sesenta puntos que plantean reformas regresivas en materia económica, laboral, tecnológica, educativa, de salud y de seguridad, entre otras. Son propuestas que van desde privatizaciones, la eliminación de la ESI y la libre portación de armas hasta la desaparición del Banco Central y la dolarización. La coalición, en tanto, está conformada por tres partidos nacionales y los pertenecientes a los cinco distritos donde el diputado ultraliberal busca apalancarse: La Rioja, Tucumán, Tierra del Fuego, Chubut y San Juan.

No hay letra chica en el escrito que presentaron los referentes libertarios. Sueñan con regresar al pasado y por eso aclaran sin tapujos que su misión es «volver a ser el país pujante que éramos a comienzos del año 1900». Para ello, proponen una reforma «integral», dividida en tres etapas, que llevará, según sus cálculos, 35 años. En la primera, se propone un «fuerte recorte del gasto público», «baja de los impuestos» y «flexibilización laboral»; que acompañarían una reforma financiera con una «banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas». La segunda, promete barrer con el sistema público de jubilaciones y pensiones, promoviendo su privatización, un programa de retiros voluntarios, la eliminación de los planes sociales y la tan publicitada «liquidación del Banco Central». Ya en un tercer nivel, se avanzaría con la privatización de los sitemas de salud y educativo, con reformas profundas en ambos sectores. El Plan Motosierra en su máxima expresión.

Los dirigentes de La Libertad Avanza presentaron su plataforma electoral y reclamaron la personalidad jurídico-política de la alianza, que está conformada por tres partidos nacionales y cinco distritales: Partido Demócrata, Renovador Federal y Unión Celeste y Blanco, por un lado; La Libertad Avanza de La Rioja, Fuerza Republicana de Tucumán, Republicanos Unidos de Tierra del Fuego, Ciudadanos por Chubut y ADN de San Juan, por el otro. La presentación se realizó ante el Juzgado Federal con competencia electoral a cargo de la jueza María Servini el pasado 10 de mayo.

La lista de políticas a aplicar en caso de llegar al poder en octubre expresa con claridad las múltiples vertientes que sintetiza el armado de Milei. Ideas reaccionarias, individualistas y anti Estado, con un fuerte componente de liberalización de todos los órdenes de la vida a las reglas del mercado. De esta forma, en el marco del achicamiento de los servicios estatales, el economista ultraliberal propone la «privatización de las empresas públicas deficitarias» y el financiamiento de la obra pública mediante iniciativas privadas. La dolarización, otro de los pilares del discurso libertario se postula como variante a la «competencia de monedas que permita a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente», una vez eliminado el cepo cambiario y suprimido el Banco Central. También se avanzaría con la eliminación de las retenciones a la exportación y los derechos de importación. Asimismo, la reforma laboral apunta a reducir cargas patronales e imponer un «sistema de seguro de desempleo» que reemplace a las indemnizaciones por despidos sin causa. Lo que en la plataforma se vislumbra como «el fin de la industria del juicio».

Pero si las ideas de Milei se plasman en las ambiciones de política económica, la mano de su compañera de fórmula, la defensora de genocidas Victoria Villarruel se ve en cada una de las iniciativas relacionadas a la Seguridad. Entre otros problemas a resolver, se mencionan la «falta de personal profesionalizado», la «permeabilidad» de las fronteras y la «ideologización a favor del detenido» en las unidades penitenciarias. De esta manera, el abanico de soluciones abarca: «militarización de los institutos durante el período de transición», impulsar proyectos para «reducir la edad de imputabilidad de los menores» y «eliminar de la legislación penal cláusulas garantistas». También se plantea desregular el mercado legal para la tenencia de armas de fuego y «proteger su uso legítimo» por parte de los ciudadanos. Una vez más, y sin vueltas, los libertarios proponen implementar «una doctrina de Seguridad Nacional» que promueva «la reafirmación soberana nacional en todas las áreas geográficas donde se viera amenazada o peligre la supervivencia del Estado garantizando y manteniendo la seguridad territorial y estilos tradicionales de vida».

Por otra parte, desde La Libertad Avanza proponen fusionar los actuales ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación; en uno con terminología acorde a la visión empresarial de la plataforma: Capital Humano. En esta categoría, las propuestas parecen haber sido diseñadas a la medida de las exigencias de los grupos antiderechos que integran la alianza. De esta manera, se propone «proteger al niño desde la concepción» y «eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza».

Además, se avanzaría en una desregulación estas áreas. En Salud, esto implica «arancelar todas las prestaciones», la «creación de un seguro universal» que sea «proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio», «que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar» y la posibilidad de cobrar todos los gastos médicos a aquellos «residentes extranjeros que demuestren disponibilidad económica». En tanto, el sistema educativo público será reemplazado por un «sistema de vouchers», se incentivará la «competencia entre instituciones» y se modificará el estatuto docente para facilitar la «posibilidad de despido».

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