BLOG

La agenda anticorrupción que impulsa el gobierno chileno registra 56 por ciento de avance, aunque existen algunas áreas de trabajo sin avances significativos, aseguró hoy el economista Eduardo Engel. El expresidente del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción dijo que, según un estudio del Observatorio Anticorrupción, de las 21 áreas temáticas propuestas por la instancia, 12 reportaron avances.

Engel apuntó en un seminario sobre corrupción organizado por la Universidad Católica de Chile y el Ministerio Público que los mayores adelantos se perciben en la declaración de patrimonio e intereses, donde ya hay una ley aprobada y existe un 95 por ciento de avance.

También existen nuevas legislaciones en los temas de democracia interna y financiamiento de partidos (91 por ciento); regulación de campañas electorales (79 por ciento); fiscalización de la política y su financiamiento (77 por ciento), y formación cívica y ética (72 por ciento).

Detalló que existen “proyectos promisorios” en áreas como atribuciones para fiscalización eficaz de mercados (68 por ciento) y reformas al sistema de alta dirección pública (61 por ciento).

Entre los desafíos que delineó Engel para el futuro se encuentra la “implementación efectiva de las leyes aprobadas”, sobre todo las relacionadas con el Servicio Electoral (Servel), el cual se encarga de fiscalizar el origen de los recursos usados por los candidatos en elecciones.

Además, se deben “mejorar las iniciativas legales que se encuentran en trámite legislativo” e incorporar las áreas temáticas que no se han abordado hasta ahora y que registran un escaso o nulo avance en su discusión.

Recordó que los casos de financiamiento ilegal de la política chilena y de tráfico de influencias que salieron a la luz pública entre septiembre de 2014 y marzo de 2015 generaron una “crisis de confianza en los liderazgos políticos y empresariales” locales.

La presidenta chilena Michelle Bachelet creó el 10 de marzo de 2015 el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, al mando de Engel, quien creó en 2012 un grupo de análisis llamado Espacio Público.

La comisión estableció que la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés son síntomas de “debilidades institucionales”, y según Engel, “las grandes reformas del Estado habitualmente suceden en tiempos de crisis”.

La instancia asesora presidencial elaboró un informe tras 45 días de trabajo donde planteó 12 áreas prioritarias y 236 propuestas, de las cuales 92 por ciento fueron aprobadas al interior de la comisión por unanimidad.

Entre las propuestas se encuentran el fortalecimiento de los municipios; sanción penal a la corrupción; acceso a la información pública, y una reforma al sistema de compras públicas, concesiones y gastos en Defensa, entre otras.

También la obligatoriedad de la declaración de patrimonio e intereses; el fideicomiso ciego; el financiamiento de partidos políticos; la regulación de las campañas electorales, y la fiscalización de la política y su financiamiento.

A partir del informe, el gobierno chileno ingresó entre mayo y junio de 2015 un total de 21 iniciativas legales al Congreso, además de 14 iniciativas administrativas.

Notimex