BLOG

Este es el último revés de una larga lista de ataques contra los derechos de las mujeres en un país en el que dos de cada diez niñas están o han estado embarazadas. El anteproyecto de la renovación del Código Penal sigue criminalizando el aborto

Hace más de una década que en República Dominicana existe un plan estatal para transversalizar la mirada feminista a todas las instancias del Estado. El área sanitaria no es una excepción. Mucho menos en un país que ve cómo dos de cada diez niñas están o han estado embarazadas o cómo dos de cada cinco mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar o de género, según estadísticas estatales. Sin embargo, en el país caribeño pareciera que nombrar todo lo que tenga que ver con la mujer es un agravio. Por eso es difícil hablar de ello. El aborto -prohibido bajo cualquier causal- es un ‘desembarazo’ y explicar en las escuelas que nadie puede tocarte si no quieres es ‘ideología de género’ y no prevención de abusos sexuales.

Pero en esta nación de 11 millones de personas se rompe el tópico de que todo lo que no se nombra no existe porque las interrupciones de embarazos no deseados o violaciones siguen sucediendo pero en consultas falsas o garajes, y la violencia sexual está tan normalizada que asusta. El abuso sexual constituye el segundo tipo de violencia más común contra las niñas, niños y adolescentes.

Por eso, cuando el ministro de Salud, Víctor Atallah, decidió suspender y revisar el programa del Departamento de Igualdad y Equidad de Género el pasado 21 de junio, el colectivo feminista se llevó las manos a la cabeza una vez más. «Nuestra gestión está comprometida con los valores de la familia dominicana», decía el tuit del funcionario público. «¿Qué familia?», se pregunta Sergia Galván, una de las activistas más importantes del país. «¿A quién cree que va a proteger así si no es a los grupos antiderechos?», se pregunta. Esta preocupación se suma a la decisión del presidente, Luis Abinader, de crear un «código de familia».

Todo empezó con una frase de Simone de Beauvoir, una de las pensadoras feministas más relevantes. Hace unas semanas, comenzó a circular en redes la foto de una de las capacitaciones de este programa a jóvenes dominicanos, en la que se leía una cita que recordaba la icónica frase de la filósofa francesa («mujer no se nace, se hace»): «Hombre/mujer no se nacen, se hacen: construcción social del género y las identidades». Esta idea planteaba desgranar un tema ampliamente estudiado por las ciencias sociales: cómo es la sociedad la que marca las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres. La idea fue completamente sacada de contexto y tergiversada por los sectores más conservadores y antiderechos del país y, horas más tarde, por el propio ministro.

Si bien a la fecha Atallah no ha ejecutado aún la promesa de erradicar el plan, las voces más críticas recriminan que estas decisiones se tomen «a la ligera» y a «punta de redes sociales». Dos años antes, el ministro de Educación, Ángel Hernández, hizo algo similar con la orden departamental 33-2019 sobre el diseño de la política de género en el sistema educativo. Lourdes Contreras, profesora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo e integrante del Foro Feminista Magaly Pineda, reconoce que hay muchos obstáculos para la igualdad. «No se ha logrado un plan nacional que de verdad cubra las necesidades en educación sexual que tenemos», cuenta por teléfono. «Un ministro es un funcionario público que debe velar por el bien de la sociedad y eso no está pasando».

Para las académicas consultadas, estos intentos van en contra de las normas establecidas y violan la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su artículo 12 señala que «todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y equidad de género».

«No entiendo como hay ministros que están tomando esas decisiones y desde la consultoría jurídica no le recuerdan que eso es un mandato de ley», dijo en una entrevista con Acento, un medio local del país, la directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Virtudes de la Rosa. La académica recordó que el enfoque de género «nos conviene a ambos» e incidió en que «los sectores que siempre han querido perpetuar esas diferencias, que no les conviene, porque han trabajado para tergiversar los estudios sobre el género». Estos mismos sectores se encargaron del escarnio público de los facilitadores que aparecían en la foto, pidiendo su dimisión e incluso dando sus nombres y apellidos.

La función del departamento que se quiere exterminar es el primer eslabón para identificar y eliminar situaciones de violencia contra las mujeres dentro y fuera de las consultas y para prevenir de roles de género que atentan contra la seguridad de las personas. En años anteriores (2016-2020) estuvo al mando de esta cartera Liliam Fondeur, una reconocida ginecóloga y activista feminista del país, quien lamenta la decisión. «La relación de género y salud está muy descrita y les afecta también a los hombres. Ellos se mueren por armas o manejar imprudentemente, y hay un constructo de género atrás de eso. Es ciencia, está estudiado», dice por teléfono. «Si ya tenemos los problemas que tenemos, imagínate sin esta política», añade Galván.

La nueva propuesta de Código Penal sigue criminalizando el aborto

Para Galván, esto no es más que otra zancadilla para las mujeres. «Es el mismo conservadurismo, pero ahora andan con prisas y más envalentonados en el segundo mandato», dice en alusión a la reciente reelección del Gobierno de Abinader, un magnate que llegó por primera vez a la presidencia con un discurso progresista en materia feminista que nunca se concretó. «Él mismo dijo que como no busca la reelección [que tampoco permite la Constitución], haría lo que realmente quería hacer. Y ya estamos viendo que no es defender los derechos de las mujeres», lamenta por teléfono.

Contreras cree que este mandato va a estar en línea con el primero: «Negar derechos pero tener un discurso de apertura». Para la docente, este es un juego político «tenebroso» para ganar votos. «A él le conviene llevarse bien con los grupos antiderechos porque muchos de ellos lo apoyaron electoralmente», cuenta. «Las víctimas de este juego político son las niñas y las mujeres y las personas haitianas por ese discurso antiinmigración».

Hace unas semanas fue aprobada la polémica reforma del Código Penal en ambas lecturas del Senado. Es la última propuesta de muchas, casi todas con una mirada más conservadora que el propio código vigente (aprobado hace casi dos siglos). Este nuevo texto no solo mantiene el aborto como un delito, sino que exime a las iglesias de responsabilidad penal, dificulta las sanciones de violencia intrafamiliar, considera el delito de violación solo existe si hay penetración y reduce a la mitad la pena si el agresor es la pareja de la víctima. «Esto violenta la Constitución. Es gravísimo porque el estado será responsable por omisión de todo lo que suceda», explica Galván.

EL PAÍS