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Mientras Colombia celebraba la llegada del año nuevo 2023, Heidy Cerquera estaba en un hospital tras sufrir una crisis nerviosa. Todo comenzó un par de meses antes en el Concejo Municipal de Florencia, capital del departamento de Caquetá. Cerquera, concejal por el Partido Liberal desde hace dos años y psicóloga de formación, fue víctima de diferentes tipos de violencia por parte de varios cabildantes. Con el tiempo los ataques se agudizaron, hasta que el concejal por el Partido Verde Jovanny Vásquez Gutiérrez la acusó de abusar de sustancias ilícitas, la llamó «loca» e insinuó que estaba enamorada de él. La concejal cayó en un estado grave de depresión.

Su historia no es nueva para muchas mujeres en el ámbito político en Colombia. Este lunes se hizo viral un video en Cali, Valle del Cauca, en el que la candidata a la Alcaldía Catalina Ortiz es increpada por un hombre que va en un carro. Entre otras cosas, le dice: «La mujer tiene que estar en la casa, necesita mano fuerte para que la gobiernen». Para atajar esta forma de violencia que ataca a las mujeres que rompen barreras y entran en el ejercicio de la política, el Congreso aprobó el pasado 24 de mayo un proyecto de ley estatutaria para promover la inclusión efectiva de las mujeres en la política y sancionar los comportamientos de violencia en su contra, sea cuando estén en cargos de elección popular, cuando participen en procesos de participación democrática o cuando ejerzan funciones en cualquiera de las ramas del poder público.

El proyecto fue impulsado por la bancada de mujeres, que componen congresistas de todo el espectro político. Lo lideraron especialmente la senadora María José Pizarro del gobiernista Pacto Histórico, la representante Delcy Isaza del opositor Partido Conservador y su colega del Partido Verde Catherine Juvinao.

El proyecto incorpora de manera novedosa en el ordenamiento jurídico el concepto de violencia hacia las mujeres en la política. Para la concejal caqueteña, su ausencia ha sido un impedimento para avanzar en el proceso contra sus agresores. «Eso puede frenar las acciones de esas personas que consideran que las mujeres no tenemos ni la capacidad ni el derecho a ser parte de los cargos de elección popular porque ya se fija un precedente», sostiene Cerquera.

El proyecto, al que solo le falta la revisión de la Corte Constitucional y la firma del presidente Gustavo Petro para ser ley, describe los varios tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres, como son la psicológica, la simbólica, la moral y la digital. Y establece obligaciones para varias entidades públicas, que deben encargarse de que se respete la ley. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, las personerías locales y la Defensoría del Pueblo deberán prestar asesoría legal a las víctimas de este tipo de violencia, impulsando garantías plenas de protección y reparación, y el Gobierno deberá diseñar políticas para promover la participación de las mujeres en la vida pública en condiciones de igualdad.

Para los expertos consultados, sin embargo, lo más relevante es que los partidos políticos deberán reformar sus estatutos y códigos de ética para incentivar medidas de atención y sanción en caso de presentarse violencia política de género en su interior, y que las corporaciones públicas de elección popular las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales (JAL) tendrán que construir canales de atención para las mujeres víctimas y crear reglas para que se respete la nueva ley.

Juan Diego Duque, candidato a doctorado de la Universidad de Uppsala (Suecia), y quien lideró la encuesta de la Misión de Observación Electoral (MOE) llamada Experiencias de campaña y violencia política a candidaturas al Congreso 2022 lo explica: «El apartado de partidos políticos es de resaltar, porque son ellos los que tienen más responsabilidad en la prevención y mitigación del fenómeno. En el estudio que hicimos encontramos que 60% de los entrevistados afirmó que la violencia venía de miembros de sus propias organizaciones o de contrincantes de otros partidos. Un porcentaje mayor que los ataques de actores armados».

El testimonio de Cerquera respalda la afirmación del experto. «Al Partido Verde en el Caquetá le envié dos comunicaciones, nunca me respondieron. Después de una tutela lo hicieron, diciendo que ellos no iban actuar porque no podían dañar la armonía entre los militantes del país. Luego le dieron a mi agresor la amonestación más bajita, que el concejal no ha cumplido. Mi colectividad tampoco me respaldó. No se hizo ningún pronunciamiento, ni siquiera de la presidente del Concejo, que en ese momento era liberal».

Aunque la implementación en las colectividades, según Duque y Cerquera, implica un reto enorme, coinciden en que la ley es un gran paso. «Con la ley se continúa en un avance regional para combatir la violencia hacia la mujer en la política. Es una ola que apenas tiene antecedentes en Latinoamérica. Esto no es muy común en otros continentes, sea Asia, África o Europa. A su vez, que la ley tenga una amplia definición es valioso porque toma en cuenta manifestaciones que son menos obvias como la violencia simbólica o moral», afirma el investigador.

La normativa llega a menos de cinco meses de las elecciones regionales de octubre, cuando las cifras de agresiones políticas basadas en género son alarmantes. Según datos de la MOE, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de abril de 2023 se registraron 65 hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y comunales: 49 amenazas, 6 atentados y 6 asesinatos.

Si bien la ley no será retroactiva, es decir, solo empezará a aplicarse desde el momento en que el presidente la firme, y no cobija los ataques que sufrió Cerquera, la concejal tiene esperanzas en que esta fije precedentes. Mientras su agresor aspira a ser alcalde de Florencia, ella se niega a ceder ante el machismo, y sigue trabajando por la agenda animalista y de género desde su casa mientras se recupera: «En medio de mi crisis, yo enviaba mensajes para motivar a otras mujeres. Para mí renunciar nunca ha sido una opción, aunque el costo ha sido muy alto».

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