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La reciente trama de corrupción y crimen revelada en Venezuela ha ido mostrando un sistema que parece una hidra. Hay conexiones entre funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, la estatal Petróleos de Venezuela, jueces, factores financieros, militares y el hampa organizada. En el nodo central de este episodio están las colocaciones del crudo venezolano, novedosas operaciones en el mercado de criptoactivos y toda una red con funcionamiento nacional e internacional.

La operación empezó a hacerse pública el viernes 17 de marzo de 2023. Hasta el momento, ha dejado como saldo la detención de 21 personas (entre altos cargos de la petrolera PDVSA, funcionarios expertos en criptomonedas, jueces y empresarios); la muerte de un criminal y la renuncia de Tarek El Aissami, uno de los jefes más poderosos del chavismo, exministro de Petróleo y aspirante a ser delfín de Maduro.

¿Cómo fue posible la articulación de un sistema de esta naturaleza, que haya operado con total impunidad? ¿Cuál es la ruta del dinero, que provenía de la venta del crudo, se drenaba al mercado de criptomonedas para de allí ingresar, de ser el caso, a las arcas del tesoro venezolano? La mayoría de las detenciones tiene que ver con la maniobra desarrollada en la empresa estatal Petróleos de Venezuela con una red de intermediarios para vender el crudo venezolano en los mercados internacionales y de operaciones financieras fallidas para cobrar tales ventas.

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El sistema de intermediación ya era conocido públicamente. En noviembre de 2022, el portal de investigación Armando Info reveló que «desde 2019 Venezuela vendió millones de barriles de crudo a través de fantasmales intermediarios, pero el dinero no siempre entró a la caja de PDVSA».

No obstante, entre las personas privadas de libertad figuran dos altos jueces, un juez regional y un alcalde por sus presuntos nexos con delincuentes cabecillas de dos megabandas de criminales. Esta es una especie de subtrama, que hasta el momento, solo tiene en común con la historia central el hecho de que los funcionarios eran de confianza del Gobierno de Maduro. Uno de los jueces, José Mascimino Márquez García, ordenó el encarcelamiento de dirigentes políticos, entre ellos, Freddy Guevara.

Los gobiernos chavistas han sido terreno fértil para la corrupción. Anteriores gobiernos en Venezuela también tuvieron casos de mal manejo de los fondos públicos. Pero, entre los aportes del chavismo figuran la relación con el crimen organizado, la creación de estructuras internacionales – en el caso que nos ocupa las transacciones en criptomonedas- y la tolerancia de las autoridades que se dan por enteradas cuando los casos toman ribetes escandalosos.

La organización Transparencia Internacional, capítulo de Venezuela, advertía en junio de 2022 la confluencia del tradicional sistema de desfalco al patrimonio público – funcionarios corruptos- y organizaciones criminales: «Ante la asfixia económica causada por la destrucción de la industria petrolera, la crisis económica, la desaparición del subsidio cambiario, la falta de inversión y las sanciones internacionales, la red corrupta enquistada en entes del Estado ha optado por ampliar su participación en un conjunto de actividades económicas ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional».

Agregan que los montos reportados por ilícitos, como el narcotráfico, la venta ilegal de gasolina, las coimas en puertos y la exportación de oro representan cerca de una quinta parte (18%) del total de la economía del país. En este reciente affaire de corrupción se ven elementos que con toda razón preocupan al Gobierno de Maduro, que ha sido complaciente con ese sistema. La renuncia al Gobierno El Aissami produjo toda suerte de teorías conspirativas y especulaciones; pero por la forma como se han desenvuelto los acontecimientos hay una suposición relativamente sencilla que permite explicar la nueva cruzada anticorrupción: se perdieron esos reales. La necesidad de tener dinero para satisfacer los reclamos de una población empobrecida y además mantener controlado el precio del dólar para no entrar en un nuevo ciclo de hiperinflación ha hecho que Maduro busque los recursos por todas partes.

Eso llevó a que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobara una cuestionada Ley Antibloqueo, cuyo objetivo es permitir operar en las sombras para evadir el cerco de las sancione o firmar en México un acuerdo con la oposición venezolana para ponerle la mano a unos 3.000 millones de dólares. Además, así podrán tolerar las bifurcaciones de operaciones con criptomonedas, la red de intermediarios para la venta del crudo venezolano, las exportaciones silenciosas de oro, a través de la explotación del Arco Minero, entre las fuentes de recursos más conocidas.

Si bien la hipótesis es simple, los mecanismos de distracción de dineros provenientes de la venta del petróleo venezolano no lo son tanto. Ese dinero no ingresó a las arcas públicas. Sin embargo, la propia Fiscalía no se atreve a hablar de un monto específico, aunque en las redes sociales ha trascendido que serían unos 3.000 millones de dólares. La agencia Reuters asegura que tuvo acceso a documentos que ubican las facturas por cobrar de PDVSA, en un orden de los 21.000 millones de dólares.

La Fiscalía enuncia que hubo «un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas del crudo, por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario».

De acuerdo con un informe del medio Hispanopost, especializado en Economía, el modus operandis con el mercado cripto implicaba el uso de las llamadas stable coins, en específico la USDC, que es «un tipo de criptomoneda que se describe como «de precio estable». Siempre es posible cambiar 1 USD Coin por un dólar estadounidense, lo que le da un precio estable». De esta manera, era posible «monetizar» en dólares el crudo colocado. Esta modalidad se trastocó cuando quebró Silvergate, un banco en California, a través del cual se hacían la mayoría de las operaciones, según el informe citado.

En el camino se perdía dinero producto de las intermediaciones, del cobro de comisiones y muy posiblemente por la especulación. Pero, es evidente que algo entraba, hasta que falló el modelo.

Una ruta así es imposible de construir sin la anuencia de otras autoridades. Maduro ha dicho que desde octubre de 2022 estaba al tanto de lo que ocurría. Aseguró que él mismo había dirigido la investigación preliminar. Con frecuencia se afirma en círculos especializados que Venezuela es un estado mafioso. Aunque hay discusiones que van y vienen respecto a la definición, las recientes revelaciones confirman una estructura que hace posible que el crimen, amparado en la corrupción, se infiltre en distintos niveles del Gobierno.

De hecho, Maduro afirmó: «Hemos dado este primer golpe, poderoso golpe a los mafiosos, a las mafiosas, a las mafias y tengo la absoluta voluntad y la absoluta decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias». La Fiscalía declaró que esta es la trama 31 de corrupción asociada a Petróleos de Venezuela que desmonta desde 2017. Las pocas declaraciones de los funcionarios permiten atisbar que a esta hidra, como el monstruo mitológico, le salen más cabezas, cada vez que le cortan una.

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