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Por este caso la derecha parlamentaria pretendía sacar a mandatario de la presidencia, algo que busca desde que el maestro rural asumió el gobierno en julio de 2021.

Desde Lima

Acosado por la oposición parlamentaria de derecha que maniobra para destituirlo, el presidente Pedro Castillo ha obtenido un triunfo judicial contra sus acusadores. El Tribunal Constitucional (TC) decidió anular el proceso por traición a la patria que el Congreso avanzaba contra el mandatario. Por este caso la derecha parlamentaria pretendía sacar a Castillo de la presidencia, algo que busca desde que el maestro rural asumió el gobierno en julio de 2021. El más alto tribunal judicial del país determinó que la acusación de traición contra el presidente no tenía sustento, por lo que el juicio político en el Congreso por este caso queda sin efecto. El TC se pronunció en respuesta a un recurso de habeas corpus presentado por Castillo contra esa acusación. El fallo del TC ha sido un duro golpe para el bloque opositor de la derecha, en el cual predomina una ultraderecha golpista que promovió esta acusación.

Un absurdo

La acusación de traición a la patria contra el jefe de Estado con la que se buscaba derribarlo de la presidencia no se basa en alguna acción o compromiso del gobierno, sino en una declaración periodística del presidente. En una entrevista con la cadena CNN en enero pasado, Castillo confirmó que en un evento magisterial en La Paz en 2018, cuando era dirigente sindical del gremio de maestros y estaba muy lejos de pensar en ser candidato presidencial, se había expresado a favor de la aspiración boliviana por una salida al mar, ratificó su simpatía con esa demanda y habló de la posibilidad de un referéndum sobre un posible acceso de Bolivia al Pacífico por la costa sur del Perú. El asunto quedó en esas declaraciones, que no generaron ninguna medida gubernamental. El gobierno aclaró rápidamente que esa afirmación del presidente no implicaba una posible cesión de soberanía, sino que se refería a profundizar acuerdos con Bolivia que le dan facilidades de acceso al mar por territorio peruano, acuerdos que se iniciaron hace tres décadas. Pero una derecha desesperada en encontrar una excusa para destituir a Castillo decidió forzar las cosas hasta lo absurdo y acusarlo por traición a la patria por esa declaración. Una acusación insostenible que se ha caído con la sentencia del TC.

“No hay suficiente motivación (de pruebas) en la denuncia. Estamos ante una declaración. No se constatan elementos que hagan pensar en un delito. No hay una conducta delictiva (de Castillo)”, señaló el jurista Manuel Monteagudo, integrante del TC.

Los seis magistrados del TC que adoptaron por unanimidad la decisión judicial a favor de Castillo fueron nombrados hace unos meses por la mayoría parlamentaria de derecha y no pueden ser señalados de tener simpatías con Castillo ni motivaciones políticas contrarias a la derecha que los designó. Esto le ha dado más peso a su sentencia. Este fallo del TC ha dejado en evidencia la actitud de un sector del Congreso de recurrir a cualquier recurso para destituir al presidente, incluso inventarle un delito de traición con argumentos insólitos.

El abogado de Castillo, Benji Espinoza, destacó la decisión del TC y no perdió la ocasión para disparar contra los acusadores del presidente. “Este fallo tiene poderosas razones jurídicas. Siempre dijimos que esta denuncia por traición a la patria era un mamarracho”.

A pesar de la notoria falta de argumentos de esta denuncia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la aprobó por once votos contra diez, con lo que el caso pasó a la Comisión Permanente como segunda instancia parlamentaria, donde estaba por verse cuando el fallo del TC se tumbó la acusación. De haber seguido adelante el proceso, el caso podría haber llegado al pleno del Congreso para una votación definitiva de una destitución de Castillo. Eso ya no ocurrirá porque el TC ha ordenado anular este proceso. Sin embargo, a pesar de la contundencia de la sentencia del TC, hay legisladores que no descartan insistir en el tema presentando una nueva acusación. “Se evaluará insistir en esta denuncia con un mejor sustento”, anunció, sin querer conceder una derrota total, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones. El problema para los defensores de esta insistencia es que no hay cómo encontrar sustento a una acusación que no tiene sentido, motivada solamente por el interés de sacar del gobierno a Castillo. Se arriesgan a repetir el ridículo en el que los ha dejado la sentencia del TC que desbarató su acusación.

Las otras denuncias

Esta denuncia por traición se ha caído, pero a Castillo le esperan otras que lo pueden complicar. Sigue en curso un proceso parlamentario de acusación en su contra por corrupción -beneficiarse de licitaciones públicas- que puede terminar en su destitución. El caso está en la primera instancia parlamentaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. A pesar que la Constitución no permite que un presidente sea acusado durante el ejercicio de su mandato por los cargos de corrupción que la fiscalía le imputa a Castillo -solo puede ser procesado por traición, impedir las elecciones o cerrar el Congreso sin que se cumplan los requisitos legales para ello- la oposición sigue adelante con este proceso. Desde la derecha parlamentaria y mediática se promueve no cumplir el artículo constitucional que protege al presidente de esta acusación. Se trata de un artículo cuestionado, pero vigente. En paralelo, la derecha parlamentaria y mediática presiona para ganar apoyo a un tercer pedido de destitución de Castillo por el ambiguo cargo de incapacidad moral. Ya han fracasado dos intentos anteriores de aplicar este mecanismo, que necesita el voto de dos tercios del Congreso.

Golpeados por esta derrota judicial en el TC, congresistas de la derecha se reunieron de emergencia en secreto -aunque el secreto duró poco- fuera del Congreso, en un ambiente de conspiración en la casa de una legisladora, para planear un contraataque. Luego de ese encuentro anunciaron la presentación de una moción para suspender al presidente por un año, apartándolo así del cargo, argumentando la acusación por corrupción en su contra hecha por la fiscalía. Es una forma de acelerar la caída de Castillo por esta causa sin pasar por el proceso de juicio político, y de esquivar los cuestionamientos a la legalidad de ese juicio político por los cargos que está planteado. El problema para la derecha es que aplicar esta figura de la suspensión pasaría por forzar la Constitución. Otro camino para el golpe parlamentario.

Visita de la OEA

El fallo del TC que ha puesto en evidencia a una derecha que ha buscado destituir al presidente con una acusación sin base que la sostenga, se ha dado cuando llegaba a su fin la visita que esta semana hizo al Perú una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar, precisamente, la denuncia del gobierno de un plan golpista desde el Congreso opositor. La historia de la acusación por traición a la patria refuerza esta denuncia del gobierno.

Castillo ha logrado una victoria y toma aire, la derecha parlamentaria sale golpeada y queda muy mal parada, pero la guerra entre ambos no se ha resuelto. Con una oposición parlamentaria autoritaria, torpe, prepotente, ultraconservadora, con una agenda que tiene como objetivo excluyente la destitución de Castillo y con antiguos y estrechos vínculos con la corrupción y oscuros intereses económicos, y con un Ejecutivo que ha dado reiteradas muestras de incompetencia, que más allá del discurso en las políticas de gobierno ha dejado de lado las propuestas de cambio con las que Castillo ganó las elecciones y que enfrenta escándalos de corrupción, esta es una guerra entre dos poderes desacreditados. En ese desprestigio compartido, el rechazo al Congreso controlado por la derecha es mayor. Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la muy baja aprobación del Congreso cayó el último mes de 15 a 13 por ciento, mientras el rechazo a los legisladores subió de 78 a 81 por ciento. A Castillo le va mejor, pero no se puede decir que bien. A pesar de la avalancha de acusaciones en su contra, su aceptación subió ligeramente el último mes, de 25 a 28 por ciento, y su desaprobación descendió de 65 a 62 por ciento. Ninguno ha sido capaz de movilizar un respaldo importante en las calles.

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