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Por Tokichen Tricot

Un año se cumplió esta semana del denominado Acuerdo por la Paz firmado por casi todos los partidos políticos en el Congreso y que diseñó el actual derrotero constitucional en el que se encuentra Chile. Es importante puntualizar que dicho Acuerdo fue producto de las multitudinarias movilizaciones acaecidas a partir de octubre de 2019 en todo el país.

El Acuerdo estableció que se haría un plebiscito para consultarle a la ciudadanía si optaban por remover la actual constitución –la impuesta por la dictadura– o no. También se debía decidir por dos opciones, en el caso de triunfar la alternativa de cambiar la constitución vigente: mediante una convención constitucional (enteramente elegida por votación popular); y una convención mixta (compuesta la mitad por parlamentarios y la otra mitad electos por la ciudadanía). Triunfaron ampliamente las opciones: cambiar la constitución de Pinochet mediante una convención constitucional. Para esta se ha asegurado paridad de género, no así escaños reservados para pueblos indígenas.

La semana pasada se suspendió de nuevo la discusión acerca de los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional.

Y es que la semana pasada se suspendió de nuevo la discusión acerca de los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Esto ha provocado problemas políticos, ya que el mismo día que se postergó la votación de escaños reservados, el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado -tercero desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera- viajó junto al Presidente Sebastián Piñera a la región de la Araucanía en el sur del país. La visita oficial buscaba utilizar una vez más el ya centenario conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche como contexto para demostrar una fuerza y control que perdió de forma vergonzante desde la revuelta de octubre pasado.

Esta situación puede parecer a priori como algo habitual, o incluso lógico en cuanto a los procedimientos parlamentarios o de gobierno. Sin embargo, representa las últimas expresiones de una relación colonial que ha establecido el Estado con los pueblos indígenas. Un imaginario instaurado desde la consolidación territorial de Chile como país y en el cual nunca se consideró la presencia, y menos aún influencia, de los pueblos indígenas que, a la postre, fueron fagocitados por la idea de un estado para una nación. El estado decimonónico, uninacional, unicultural y asimilacionista persiste aún, sin haber variado en lo sustancial.

Se trata de una relación asimétrica de dominación con manifestaciones concretas, una naturalización de jerarquías territoriales, raciales, epistémicas en cuanto a la institucionalidad del país. Esta situación tiene su expresión política en la falta de experiencias sistemáticas de participación de los indígenas en la vida política del país. Un repaso de las autoridades designadas o elegidas en el país desde 1990 hasta la actualidad evidencia que la presencia indígena en cargos de importancia es marginal, con contadas y ocasionales excepciones.

Por eso, no sorprenden las sucesivas suspensiones de la votación acerca de los escaños reservados para los indígenas. Esta actitud no sólo responde a cuentas coyunturales y electorales de los parlamentarios, sino que es una expresión de un continuum en cuanto a la forma de relacionarse con los pueblos indígenas que son constantemente relegados a puestos secundarios, simbólicos y sin incidencia real. Esto, pese a que según el último censo de 2017 un 12,8% de la población se autoidentifica como miembro de algunos de los pueblos originarios existentes en el país. Aun así, jamás han sido reconocidos constitucionalmente.

Este punto de inflexión de la discusión constitucional debería ser una oportunidad, no sólo para un más que tardío reconocimiento de los pueblos originarios, sino que, como plantean diversas organizaciones indígenas, para debatir el reconocimiento de Chile como un estado plurinacional. Una forma de contribuir a ello –no la única obviamente– es aprobar y asegurar la participación de los diez pueblos indígenas existentes en el país a través de escaños reservados.

Por lo pronto, dicha discusión se encuentra entrampada. Esto pese a que el pasado 30 de octubre se aprobó en la comisión constitucional del Senado la propuesta de la oposición que plantea crear 24 curules reservados que se sumarían a los 155 convencionales generales aprobados en el plebiscito de octubre. Para que la propuesta sea aprobada son necesarios 26 votos, pero la oposición cuenta unicamente con 24.

Queda por verse cual será el desenlace. Si se alcanzan los votos necesarios, o si por el contrario se cederá a las exigencias de la coalición gobernante cuyos líderes utilizan argumentos falaces, como la presidenta de la UDI (partido de derecha y oficialista) quien afirma que si se dan cupos a los indígenas, deberían otorgarsele también a la iglesia evangélica. Esta visión colonialista y racista, ignora sin duda la deuda histórica que tiene el estado con los pueblos originarios debido al despojo al cual han sido sometidos. Esta visión ignora además que son naciones diferentes, sujetas a derechos colectivos tal como lo reconoce el derecho internacional

Existen desde otras organizaciones, particularmente mapuche, voces disonantes que no concuerdan con ninguna de las propuestas. Estas plantean que no necesitan ser reconocidos por el estado y que no participan del proceso constituyente porque no lo entienden como un nuevo modo de asimilación ya que no se considera la autonomía. Estas facciones afirman que continuarán con su lucha en sus territorios en el sur.

se puede argumentar, como plantea el historiador mapuche Fernando Pairican, que lo que está en juego es “una profundización de un poder político indígena autónomo de las naciones originarias”.

Hay varios aspectos del proceso que pueden ser criticados. Como que se haya votado el plebiscito sin haberse establecido previamente los detalles de los escaños reservados, la falta de participación de algunas organizaciones en el debate, o incluso los cálculos electorales que los partidos políticos están realizando de manera estratégica. Pero, por otra parte, se puede argumentar, como plantea el historiador mapuche Fernando Pairican, que lo que está en juego es “una profundización de un poder político indígena autónomo de las naciones originarias”. La presencia de voz y voto indígena proporcional a su población en la Constituyente representaría un cambio significativo.

La encrucijada abierta a partir de octubre 2019 representa un potencial cambio de paradigma en cuanto a la forma en la cual el estado se relaciona con los pueblos indígenas. Y aunque la historia reciente y pasada no es demasiado alentadora, podría ser un punto de inflexión. Esto pese a la sombra gatopardista de la transición (cambiar para permanecer) que se cierne sobre el proceso constituyente.

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