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El Ejecutivo registra 10 homicidios o desapariciones y 117 agresiones con vistas a los comicios de junio, en los que se eligen miles de cargos públicos

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha limitado su respuesta a la violencia electoral a contar la cifra de agresiones y destinar un esquema de protección a menos de 50 candidatos en una campaña con miles de postulantes. Los comicios más grandes de la historia del país suman ya una decena de homicidios o desapariciones y 117 agresiones a aspirantes a un cargo público, según el recuento oficial. Así lo ha anunciado este viernes la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, al presentar los resultados obtenidos hasta el momento con la Estrategia de protección en contexto electoral, un plan para resguardar la seguridad de los políticos amenazados por el crimen organizado o cuello blanco de cara a la cita en las urnas el próximo 6 de junio. Al menos 41 candidatos se encuentran bajo protección de las fuerzas de seguridad. Los números están muy por debajo de lo reportado por la consultora Etellekt, que cuenta ya 262 agresiones y 20 aspirantes asesinados.

“La delincuencia busca incidir políticamente en las elecciones, usan estrategias de complicidad o presiones violencias, se ha convertido en un partido del crimen”, ha dicho Martínez en la conferencia matutina diaria junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. El proceso electoral en México, que renovará 15 Gobiernos estatales, toda la Cámara de Diputados, Congresos locales y unas 2.000 alcaldías, comenzó oficialmente en septiembre del año pasado. Desde entonces es que se han contado estas agresiones. Los 117 políticos fueron agredidos en 103 episodios, según informó el Gobierno federal. Del total, 71 eran hombres y 46 eran mujeres.

Los aspirantes más afectados han sido aquellos que compiten por un puesto local. El 82% de los aspirantes agredidos van por una presidencia municipal, una diputación local o un cargo en alguna alcaldía. El otro 18% corresponde a agresiones contra candidatos a diputados federales o gobernadores. “Nuestro objetivo es salvaguardar la seguridad en el proceso electoral para que no decida el crimen organizado o de cuello blanco. No se doblegará a la democracia”, ha agregado la secretaria de Seguridad.

El Gobierno mexicano puso en marcha un plan para proteger a los candidatos a las próximas elecciones a principios de marzo ante el aumento de la violencia política. La estrategia incluía varios sectores del Ejecutivo además de las fuerzas de seguridad y actores de todos los partidos políticos. El plan está pensado para trabajar además con los Gobiernos estatales, para solicitar protección a los aspirantes que sufrieran amenazas o agresiones. El programa está limitado, sin embargo, por la gran cantidad de políticos que están citados a las urnas. Desde que se presentó, la Fiscalía ha abierto más de 60 carpetas de investigación por ataques en todo el país.

El plan de seguridad para las elecciones de este año indica además que al menos el 47% de las agresiones se concentran en seis entidades. El Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo se han vuelto los sitios más peligrosos para hacer campaña. “Afortunadamente no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país”, ha dicho Martínez. El registro de las agresiones se realiza a través de un centro de monitoreo montado para estos comicios que opera las 24 horas de los siete días de la semana.

El último Informe de Violencia Política de Etellekt, con corte al 31 de marzo, reportaba unos números más aterradores que las cifras oficiales. De acuerdo al recuento más desalentador, estos comicios son los segundos más violentos del siglo, solo por detrás de las elecciones de 2018, donde se eligió a López Obrador como presidente de México. De la veintena de homicidios que ha registrado la consultora, 17 perdieron la vida en manos de comandos armados, dos por pistoleros solitarios y uno por asaltantes.

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