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El plan de ajuste espera ahorrar 50.000 millones de pesos que, según los colectivos afectados, amenazan la viabilidad de importantes centro de estudios, becas y apoyos en todo México

La ola de austeridad de Andrés Manuel López Obrador se encontró en primavera con un muro. El anuncio en abril de la inminente extinción de más de 40 fideicomisos y fondos, unos instrumentos de financiación para los organismos públicos de larga tradición en México, despertó una fuerte campaña de críticas por parte de la comunidad científica, universitaria, cultural y deportiva. La respuesta oficial fue congelar la iniciativa y abrir un proceso de parlamento abierto, unas jornadas de diálogo entre los diputados y las comunidades afectadas. Pasado el verano, con las perspectivas económicas del país aún más grises por el impacto de una pandemia que apenas da un respiro, el plan de ajuste ha vuelto a ponerse en marcha sin conceder prácticamente ninguna de las demandas expuestas por los afectados. Entre el malestar y la preocupación, alertan que los 50.000 millones de pesos que espera ahorrar el Gobierno amenazan la viabilidad de importantes centros de estudios, becas y apoyos en todo el país.

El diálogo entablado en junio abrió un hilo de esperanza entre los colectivos afectados, al encontrar una actitud receptiva por parte los diputados. Pero fuentes presentes en la negociación apuntan a un endurecimiento durante el verano, unas directrices que vendrían directamente del despacho de López Obrador. De hecho, a lo largo de las 86 páginas del dictamen que se debatirá este martes en una comisión del Congreso aparecen en el preámbulo las demandas y argumentos expuestos en las jornadas de parlamento abierto, pero en las conclusiones no hay concesiones: desaparecerán los fideicomisos del plan original. Con mayoría de Morena en la Cámara, las previsiones son que antes de que acabe el año el recorte sea definitivamente aprobado por el pleno del Congreso.

El presidente defendió la iniciativa el lunes. “Hacienda va a recoger, calculamos, que como 50.000 millones de pesos que se manejaban sin control, al margen”, dijo el mandatario mientras enumeraba algunas metas alcanzadas por su Gobierno. No está claro cómo ha llegado López Obrador a esta cifra. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) estima que la aprobación de la iniciativa hará posible que la Administración reasigne 36.058 millones de pesos (1.600 millones de dólares). La cifra está compuesta por los montos reportados por las oficinas públicas hasta el 31 de marzo de 2020. El diputado Mario Delgado, quien aspira a convertirse en líder nacional de Morena en octubre, calcula que el monto con el que podrá disponer el Gobierno tras la aprobación alcanza los 150.000 millones de pesos (6.700 millones de dólares).

Además de la necesidad de ahorro, cada vez más acuciante dado el inmovilismo del Gobierno ante el golpe de la pandemia, la desaparición de fondos y fideicomisos se inserta en la narrativa de austeridad y combate a la corrupción de la Administración de Morena. “Esto no le gustó a nada a los intelectuales orgánicos o seudocientíficos que cobraban por todos lados”, afirmó López Obrador en su conferencia matutina del lunes, cargando una vez más contra sus críticos en su estrategia de polarización.

El planteamiento del Ejecutivo de Morena, sin embargo, ha causado una gran confusión y malestar entre sectores que, además, no forman parte del caladero tradicional de opositores a López Obrador. La motivación del ajuste, según se lee en el dictamen, es cancelar los mecanismos que vivían en la opacidad y evitaban rendir cuentas en el uso de dinero público. Pero la propuesta hace un traje único con la norma que modifica 14 leyes y abroga una. En total, dentro de los 44 fideicomisos condenados a desaparecer están representados sectores tan diversos como los periodistas amenazados, los científicos e investigadores de excelencia, los atletas de alto rendimiento, los trabajadores migrantes y los cineastas. Las acusaciones generalizadas de corrupción han tenido respuestas concretas por parte de, por ejemplo, los centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que son fiscalizados hasta dos veces al año, tanto por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoria Superior de la Federación.

El centro de Finanzas Públicas estima que la iniciativa no genera ningún impacto al presupuesto de 2021, un año electoral, que está negociándose. “Solo se trata de reasignar recursos que ya existen en el presupuesto de egresos”, indica la iniciativa. El texto es aún más específico, al apuntar que los recursos serán reasignados “a acciones para atender los efectos de la pandemia de la covid-19 en temas de salud y economía” y en la “continuidad” de los programas sociales.

Demandas judiciales

Esta “resignación de recursos”, como señala eufemísticamente el dictamen, puede llegar a convertirse además en fuente de conflictos judiciales. “Los fideicomisos no se alimentan de dinero federal, sino de prestaciones de recursos o financiación privada de terceros. Cuando este dinero sea derivado al presupuesto federal, las empresas que aportaron esos recursos para financiar, por ejemplo, proyectos de investigación van a comenzar a presentar demandas”, señala David Romero, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y portavoz de la Red ProCiencia.

El sector científico denuncia sobre todo la poca eficiencia de una medida que arrasará con uno de los sectores de mayor valor añadido del país a cambio de recaudar una cantidad muy baja de dinero en términos relativos. Según sus cálculos, de la bolsa de dinero que contienen los fideicomisos, tan solo el 2,8% corresponde a ciencia y tecnología. Apenas 2.000 millones de pesos de un total de 78.000. Siguiendo con sus cálculos, tres fideicomisos acumulan el 96% de los fondos. Son el Fondo de desastres Naturales, el Fideicomiso relacionando con la Ley Aduanera y otro para promover la industria energética.

“Hay mucha incertidumbre”, señala la productora Mónica Lozano, presidenta de la Academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas. La cineasta, que cuenta entre sus producciones películas multipremiadas como Amores Perros y El violín, lanzó este domingo una voz de alerta en la gala del Ariel, los galardones del cine mexicano. “No permitamos un retroceso”, dijo la presidenta de la Academia, quien lleva negociando desde abril con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y la Cámara de Diputados la supervivencia del modelo que ha apoyado más de 400 largometrajes entre 1999 y 2019.

Lozano considera que sí hay peligro de una afectación al presupuesto que permite la creación de decenas de películas. Las negociaciones entre las partes se han extendido por más de cuatro meses, donde los cineastas han pedido sustituir el fondo que desaparecerá por un esquema que permita mantener la buena salud a la filmografía nacional. Pero no hay garantías que eso suceda a horas de que los legisladores se sienten a discutir el texto que después será sometido a la votación del pleno.

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