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El líder del Congreso reconoce que llamó a jefes militares para avisar que actuarían contra Martín Vizcarra

La maniobra parlamentaria para destituir al presidente peruano Martín Vizcarra ha perdido fuerza durante el fin de semana. Algunos de sus promotores han cambiado de idea después de que el presidente del Congreso, Manuel Merino, reconociera el jueves que avisó por teléfono a a jefes militares que actuarían contra el mandatario.

El Parlamento discutió la moción para destituir a Vizcarra el viernes. 65 diputados de cinco bancadas votaron a favor de destituirlo por incapacidad legal permanente, luego de que un congresista presentase tres audios de conversaciones acerca de un amigo del jefe de Estado, el productor musical Ricardo Cisneros, beneficiado con nueve contratos estatales por casi 50.000 dólares.

La comisión de fiscalización del Congreso investiga desde junio los contratos con el Estado del productor, quien se hace llamar Richard Swing, un personaje poco visible antes de estas denuncias. Cuando la prensa consultó al presidente Vizcarra sobre su vínculo con Cisneros, respondió que lo conocía desde la campaña electoral del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, pero que no había influenciado en su contratación.

En uno de los audios, el presidente, su asistente personal, la secretaria general de la presidencia, y un asesor en comunicación se ponen de acuerdo sobre qué versión dar acerca de las visitas de Cisneros a la sede del Ejecutivo, en el marco de las pesquisas fiscales y parlamentarias de los contratos del Ministerio de Cultura al personaje.

Llamada a los militares

El medio digital IDL-Reporteros reveló el sábado que el presidente del Congreso llamó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas —quien no le respondió el teléfono— y luego al comandante general de la Marina para decirles que, a raíz de los audios, empezaba en el Parlamento un proceso “en el marco de la Constitución”, que podría terminar en la “vacancia” del jefe de Estado.

La figura de vacancia se origina en la Constitución de 1839, que establecía dejar vacante el cargo si el presidente presentaba una condición mental o física que le impidiera ejercer el poder. La norma actual establece que con 87 votos el Parlamento aprueba la vacancia por incapacidad moral permanente. Los expertos en derecho constitucional alertan hace años de que es una ventana abierta a la arbitrariedad de los diputados.

Perú ha cumplido 20 años y cuatro transiciones de gobiernos democráticos sin participación ni influencia de las cúpulas militares, a diferencia de las décadas anteriores, caracterizadas por golpes de Estado intermitentes. El contacto telefónico del titular del Congreso a los jefes militares “podrían calificar como sedición”, ha comentado la ministra de Justicia, Ana Neyra, en una entrevista radial.

“(Las llamadas) no solo fueron imprudentes y fuera de lugar, sino que colisionan con el orden democrático”, expresó el sábado el ministro de Defensa, Jorge Chávez, durante una comparecencia en la que estuvieron los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las cabezas de las tres ramas de la Policía Nacional. En la misma comparecencia, la ministra de Justicia anunció que presentará al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre cómo el pedido de vacancia del presidente “afecta las competencias del Ejecutivo y el orden constitucional”.

Horas después, el presidente del Congreso, Manuel Merino, aceptó que había hecho esas llamadas, pero aseguró que no pretendía ningún complot con los militares, sino dar tranquilidad. “Fue para decir que frente a la crisis que se estaba presentando en el Parlamento, se iba a actuar estrictamente en el marco de la Constitución”, manifestó en una conferencia de prensa el sábado.

Por la noche, los líderes de dos de los cinco partidos que respaldaron la salida del presidente Vizcarra dieron un paso atrás. Uno de ellos es Alianza parar el Progreso, la agrupación que aportó 21 votos para que procediera el trámite. El fundador de esa formación, César Acuña, publicó un comunicado en el que califica la vacancia de “innecesaria e impertinente”; Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, difundió un vídeo en el que sostiene que “no existen los elementos ni los procedimientos para la vacancia”.

Bancadas y tramas ilegales

Los políticos que promovieron la destitución del presidente Vizcarra pertenecen a Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Unión por el Perú y Fuerza Popular. Han llegado al Congreso en marzo y usan su poder para defender a sus líderes de investigaciones fiscales o juicios en curso. La tensión con el Ejecutivo no cesa, entre otros motivos, porque Vizcarra ha insistido en que el Parlamento apruebe normas para evitar candidaturas ligadas a redes de corrupción o de actividades ilegales.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha denunciado en julio por corrupción a Edgar Alarcón, el parlamentario que presentó los audios del escándalo el jueves. Los delitos datan de su gestión como contralor de la República, cargo que tuvo que abandonar debido a las evidencias en su contra. El Parlamento aún no discute la acusación constitucional en su contra para que se presente a juicio. El partido al que pertenece Alarcón, Unión por el Perú, es dirigido por Antauro Humala, condenado por el asesinato de policías en la toma de una comisaría en 2005. Antauro, hermano del expresidente Ollanta Humala, pretende ser candidato presidencial.

El fundador de Podemos Perú, el ex congresista José Luna Gálvez, es investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público por lavado de activos. La hipótesis de los fiscales es que actuó como prestanombres del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda, para recibir dinero ilegal de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Luna era dueño de una universidad clausurada por no cumplir con estándares mínimos de calidad. Varios congresistas en ejercicio han intentado, con iniciativas legislativas, recortar las atribuciones del Estado para anular el cierre de las universidades a las que están ligados.

Por otro lado, la Fiscalía también indaga sobre presuntas negociaciones ilegales de Luna con exaltos funcionarios para poder inscribir su partido político. Los personajes son parte de una red de corrupción en el sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto. Además, el hijo del fundador de Podemos Perú, el congresista José Luna Morales, es investigado por entregar sobornos a esos mismos exaltos funcionarios.

El hermano del excandidato presidencial César Acuña, de Alianza para el Progreso, el congresista Humberto Acuña, ha sido sentenciado a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público, por haber sobornado a un policía. Está pendiente que deje el cargo y sea reemplazado. Por último, Keiko Fujimori es investigada por lavado de activos -por haber recibido de Odebrecht fondos de campaña no declarados- y está presa en su domicilio.

Perú tiene elecciones generales en abril y ha sido duramente golpeado por la pandemia, tanto en el aspecto sanitario como económico —6,7 millones de personas perdieron su empleo entre abril y junio. En agosto, las cifras de fallecidos lo colocaron como el país con la mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Hasta el domingo, la autoridad sanitaria registraba más de 729.000 infectados y más de 30.700 fallecidos, pero la ministra de Salud estima que la cantidad de defunciones puede ser mayor a 47.000.

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