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Un juez en Chile considera que los abusos sexuales cometidos por agentes de la policía secreta constituyeron “una forma específica de violencia contra la mujer”

Beatriz Bataszew sintió terror cuando supo lo que ocurría en el sótano de Venda Sexy. Horas antes, un 12 de septiembre de 1974, había sido detenida por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes la trasladaron a ese centro clandestino montado al interior de una casa de dos pisos de un sector de clase media de la comuna de Macul, en Santiago de Chile.

El origen del nombre Venda Sexy está consignado en el primer Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura -más conocido como informe Valech. Allí se establece que era parte de la jerga de los agentes de la DINA, y se relacionaba con su método de tortura preferente: los vejámenes sexuales, en su mayoría a mujeres, quienes durante su paso por la casa permanecieron desnudas y vendadas.

Para Beatriz Bataszew, estudiante de ingeniería forestal y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), su paso por los sótanos de la casa fueron cinco días desnuda, vendada, sin contacto con el exterior y sometida a diversos interrogatorios en los que fue torturada, agredida y abusada sexualmente. El lugar se conocía también como la discoteca: un tocadiscos de vinilo sonaba a todo volumen para ocultar el horror.

Lo ocurrido en Venda Sexy, sostiene Beatriz, estaba completamente fuera del imaginario represivo de ella y otros militantes de movimientos de izquierda, en medio de los años más crudos de la dictadura. Uno de los primeros aprontes de lo que le tocaría vivir le llegó al escuchar el relato de Marta Neira, de quien se perdería todo rastro y pasaría a engrosar la lista de más de 1.210 detenidos desaparecidos por el régimen: “Ella volvió del sótano y relató desesperada, desencajada, que había sido violentada por el perro. Eso fue tremendo para las que todavía no vivíamos esa experiencia, porque cuando ella relataba yo pensaba que eso me iba a pasar a mí y efectivamente me pasó”.

Las violaciones eran efectuadas por los propios agentes de la DINA y en especial por una mujer: Ingrid Olderock, descendiente de alemanes con ideas ligadas al nazismo, quien se hizo conocida dentro de la policía secreta al utilizar a su perro Volodia, de raza pastor alemán y entrenado para cometer los abusos. “Esto no solo fue violencia sexual, fue violencia política sexual, que tenía como objetivo domesticarnos, disciplinarnos y particularmente castigarnos, porque éramos mujeres que luchábamos decididamente contra la dictadura”, sostiene Beatriz Bataszew al recordar lo vivido hace casi medio siglo.

Su caso forma parte de un inédito fallo de la justicia chilena que incorporó una perspectiva de género al condenar a los exagentes de la DINA Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Rivas y Hugo Hernández a 15 años de presidio como autores de secuestro y aplicación de tormentos con violencia sexual en contra de Beatriz y otras cinco mujeres: Cristina Godoy, Laura Ramsay, Beatriz Bataszew, Sara de Witt, Alejandra Holzapfel y Clivia Sotomayor; además de cuatro hombres quienes fueron víctima de secuestro y torturas entre los años 1974 y 1975, al interior de la Venda Sexy.

La particularidad del fallo del juez Mario Carroza radica en que se consideraron los abusos cometidos durante los interrogatorios como “una forma específica de violencia contra la mujer”, en sintonía con estándares internacionales. “En el estudio de lo acontecido en dicho recinto de reclusión clandestino, no solo se limitaron los agentes a secuestrar a hombres y mujeres, con el propósito de encerrarlos y extraerle información, bajo tortura, la cual en el caso de las mujeres, por su naturaleza y gravedad, tuvieron un impacto para ellas que marco su vida futura”, explica Carroza a EL PAÍS.

Para el juez, lo vivido por las mujeres al interior de esta casa “fueron circunstancias deshumanizadas, degradantes y abusivas”, y que se debían entender como una figura penal diferente y que “patentizara estas circunstancias”. Junto con las penas de presidio a los exagentes, Carroza condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 80 millones de pesos chilenos (casi 88.000 euros), por concepto de daño moral, a cada una de los demandantes. El dictamen es inapelable.

Para Beatriz Bataszew el fallo “tiene un valor importante, pero tiene limitantes, entre los principales, que no se considera el elemento político de esta violencia. Eso significa que se juzga a quienes cometieron los actos, pero no a quienes orquestaron este instrumento de terrorismo de Estado. Es decir, no juzga a la autoridad política”. “Hay un avance en el sentido que se avanza en verdad, pero no consideramos que sea justicia un acto que se ejecuta casi medio siglo después. Si la justicia no es oportuna, no es justicia”, dice.

En tanto, para la abogada Camila Maturana Kesten, de Corporación Humanas, una organización feminista que entrega apoyo jurídico a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, “reviste la mayor importancia que el poder judicial chileno reconozca y releve la particularidad de la represión ejercida por los agentes del Estado en Venda Sexy, señalando que, además de infligir graves sufrimientos físicos y psíquicos de las personas secuestradas, se cometió violencia sexual de manera sistemática y masiva, particularmente en contra de mujeres”.

EL PAÍS