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Francisco Sagasti anuncia un sistema de protección de las víctimas de la acción de las fuerzas del orden

El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, ha reemplazado al comando de la Policía Nacional tras la ola de represión policial durante las recientes protestas pacíficas en Lima contra la clase política. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes han dejado 63 hospitalizados y dos jóvenes muertos. Otro menor, de 13 años, fue tiroteado por agentes este domingo por la noche antes de que se iniciara toque de queda impuesto por la pandemia de la covid-19.
La caída de la cúpula policial tiene lugar depsués de que los familiares de los fallecidos Inti Sotelo y Bryan Pintado, manifestantes heridos y voluntarios que participaron en brigadas de primeros auxilios en las protestas, denunciaran intimidación y vigilancia por parte de policías a lo largo de varios días.

Las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas -que empezaron el pasado día 9 y continuaron hasta el 14- disparando perdigones de plomo y canicas, y haciendo un uso indebido del gas lacrimógeno pese a que los manifestantes, desarmados, no representaban un riesgo a la seguridad de otras personas, según el manual de los antidisturbios.

Las protestas de decenas de miles de jóvenes en el centro de Lima comenzaron en rechazo al Gobierno interino de Manuel Merino, en el cargo después de que el Parlamento destituyera a Martín Vizcarra, mediante la figura de la vacancia presidencial salpicado por una supuesta trama de sobornos.

La ciudadanía y las principales entidades de la sociedad civil consideraron que la destitución de Vizcarra fue una ruptura a la independencia de poderes, causada por grupos políticos vinculados con corrupción y con conflicto de intereses. Ningún Gobierno vecino saludó la llegada de Merino al poder, salvo Paraguay; por el contrario, la mayoría de los que se pronunciaron expresó su preocupación.

Jan Jarab, el jefe de una misión ad hoc de Naciones Unidas que la semana pasada evaluó en Lima el impacto de la crisis política en los derechos humanos, expresó su preocupación sobre la negativa de la policía a haber cometido violaciones a los derechos humanos durante su actuación contra las protestas, y calificó la situación como “represiva y preocupante”. En una entrevista con EL PAÍS dijo que el uso excesivo del gas lacrimógeno contravenía las normas internacionales sobre derechos humanos pues los jóvenes manifestantes no pusieron en peligro la vida de otras personas.

Por otra parte, el domingo un programa de televisión difundió el caso de la joven Adriana Espíritu que sufrió violencia sexual en una comisaría, después de que la policía la detuviera junto a su hermana, menor, y a su madre, cuando caminaban a su casa tras participar en la manifestación del jueves, día 12, el primer día que hubo heridos graves por disparos de la policía.

Un policía la obligó a desnudarse y quitarse los zapatos en un baño en el que el piso tenía excremento y ratas. “Me hizo saltar, hacer ranas en el piso para revisar mis partes íntimas. Esa humillación he tenido que pasar yo”, dijo al programa Cuarto Poder.

Además, la mañana del lunes, la prensa peruana informó sobre la muerte de un adolescente que la noche del domingo acompañaba en su auto a un familiar, antes de la hora del toque de queda. Varios patrulleros persiguieron al vehículo y como este no se detuvo, dispararon. Las autoridades aún no indican el motivo de la persecución. Los familiares del menor fallecido indican que el adolescente había acompañado a su pariente a un cajero automático y que el auto tenía vidrios polarizados.

Con la designación de César Cervantes como nuevo comandante general de la Policía Nacional, 14 generales pasarán al retiro, entre ellos el subcomandante general Jorge Lam. Este condujo las operaciones de represión contra las manifestaciones ciudadanas ante la ausencia del comandante general quien estaba de licencia al haberse contagiado de la covid-19.

“De cara a conectar a la policía con la ciudadanía he dispuesto que se fortalezca el sistema de protección de las familias de las víctimas y los brigadistas que dieron apoyo en las movilizaciones ciudadanas, esto se hará en coordinación con las organizaciones de derechos humanos; queremos dar tranquilidad a los familiares”, anunció el presidente Sagasti.

El mandatario peruano informó además de que formará una comisión que recomiende acciones para “modernizar y fortalecer a la Policía Nacional” con el fin de defender los derechos ciudadanos, el orden interno y la seguridad ciudadana.

Debido a la violencia policial contra las protestas, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció la semana pasada por homicidio doloso y abuso de autoridad a Merino, al ex primer ministro Antero Flores Aráoz, y al exministro de Interior Gastón Rodríguez.

EL PAÍS