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El CNE otorga 1.830.045 de votos a Guillermo Lasso frente a los 1.797.445 obtenidos por Yaku Pérez, quien denuncia un “fraude” y ha anunciado que impugnará los resultados

Ecuador ya tiene resultados definitivos de la primera vuelta de las presidenciales, pero no han terminado los problemas sobre el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó en la madrugada del domingo, dos semanas después de la jornada electoral del 7 de febrero, a los dos ganadores que irán al desempate. Andrés Arauz, el candidato de la alianza Unión por la Esperanza auspiciado por Rafael Correa, se disputará la presidencia del país andino el próximo 11 de abril ante el político conservador de CREO-PSC, Guillermo Lasso. Arauz obtuvo el respaldo de más de tres millones de votantes y Lasso, de 1,8 millones. Finalmente, el dirigente indígena de Pachakutik, Yaku Pérez, que se disputaba el segundo puesto con el de CREO, quedó fuera por apenas 32.600 votos, en unos comicios en los que fueron a las urnas más de 11 millones de ecuatorianos.

El CNE otorga 1.830.045 de votos a Guillermo Lasso frente a los 1.797.445 obtenidos por Pérez, quien ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Contencioso Electoral los resultados que le dejan fuera de la contienda presidencial. El candidato indígena ha insistido en que se ha consumado un “fraude”, una reacción esperada, pero que refleja la tensión y reproches de los últimos 15 días entre los que se disputaban el pase al desempate. Guillermo Lasso, el segundo con más votos, hizo un pronunciamiento similar alertando sobre la “intervención de autoridades ajenas” y sobre la retirada parcial del resguardo policial en la sede del CNE. El domingo amanecía en Ecuador con quejas y preocupación de los dos ganadores y del propio ente rector electoral por las solicitudes de la Fiscalía y de la Contraloría de auditar inmediatamente el sistema informático que se utilizó para procesar los resultados.

Horas antes de la sesión del Pleno del CNE en la que se debían analizar y resolver las impugnaciones de los movimientos políticos, antes de proclamar los resultados, la Contraloría envió un comunicado en el que solicitaba autorización para acceder a los equipos informáticos con el fin de verificar la transparencia del proceso y elaborar un informe en un plazo de 20 días. Esa petición, según el escrito firmado por el contralor general, Pablo Celi, estaba motivada en “varias denuncias ciudadanas”, sin dar mayores detalles, y debería realizarse “antes de la segunda vuelta electoral”.

En paralelo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, hizo una solicitud similar que debía ejecutarse este domingo a las 7.30 de la mañana, apenas cinco horas después de proclamarse los resultados de la primera vuelta. En ese caso, la Fiscalía dispone la retirada de la base de datos del servidor informático que está en las instalaciones del CNE en el marco de una investigación sobre la transparencia de los comicios. Su intención, según el escrito, es recabar información sobre los usuarios que han tenido acceso al sistema y corroborar la rectitud de la anotación de resultados en las actas de la provincia de Guayas, que es el territorio que dio la vuelta en el último momento a la ventaja inicial que llevaba el candidato indígena frente al político de CREO.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, rechazó las peticiones de la Fiscalía y la Contraloría, citando en Twitter el artículo 16 del Código de la Democracia en el que se prohíbe la injerencia directa o indirecta de cualquier autoridad “extraña a la organización electoral” respecto del proceso mismo o del órgano que regula las elecciones.

Los abogados de la candidatura de Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza, acudieron a primera hora del domingo ante el Tribunal Contencioso Electoral, en Quito, a presentar sendas denuncias contra Fiscalía y Contraloría por meterse en el proceso electoral y Arauz dio una rueda de prensa posterior en la que calificó de “amenaza” a la celebración de la segunda vuelta los requerimientos de auditoría al sistema informático. “Si quieren revisar la transparencia, no necesitan retirar los equipos”, apuntó el candidato que aglutina a la opción correísta. “No se puede permitir una manipulación de la justicia y del sistema electoral para que se justifique una extensión del Gobierno de Lenín Moreno”, denunció. A su juicio, las maniobras de los dos entes de control generarían un retraso en la celebración de la segunda vuelta electoral, pese a que la Contraloría estimó que el proceso de auditoría no debe durar más de 20 días y la Fiscalía se puso un plazo de 10 días para presentar su informe pericial.

EL PAÍS