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La Asamblea Nacional, elegida en diciembre, sigue instrucciones de Nicolás Maduro en el inicio de su trabajo legislativo

La Asamblea Nacional de Venezuela electa el pasado 6 de diciembre y controlada por el chavismo presentó esta semana su primer paquete de medidas. Pese a que el Parlamento fue escogido en unos comicios sin participación opositora, señalados por irregulares y con una alta abstención, la coalición de partidos del Gobierno de Nicolás Maduro usará el terreno legislativo para consolidar su poder. El primer paso será fijar un control de las redes sociales y del trabajo de las ONG que operan en el país.

El abanico de temas de las 33 propuestas presentadas ya recibió el visto bueno de Maduro. Se reformarán leyes comerciales, territoriales y sobre la organización y participación ciudadana basada en comunas. El fallecido presidente Hugo Chávez ya intentó un modelo de organización semejante con la fallida reforma constitucional de 2007. De salir adelante, será el primer paso para suprimir la estructura de poder actual, basada en gobernaciones y alcaldías.

Una de las normas que ha despertado más preocupación es la reforma de la Responsabilidad Social en Radio Televisión, Redes y Medios Electrónicos, que se propone una regulación de las redes sociales que puede derivar en una profundización de la censura. “Aquí se va agregar un capítulo especial para las redes sociales y de la responsabilidad social de las redes sociales en territorio venezolano. Pendiente y mosca todo el mundo”, dijo Maduro esta semana. En noviembre pasado, en el contexto de la campaña por las parlamentarias, el mandatario venezolano ya había llamado a regular estas plataformas. “¿Qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”, señaló entonces.

Bloqueos digitales

El Gobierno venezolano ha aplicado bloqueos selectivos de portales digitales informativos críticos, según los datos de organizaciones como el Instituto de Prensa y Sociedad y Espacio Público. También ha encarcelado a tuiteros, amparándose en la Ley contra el Odio, sancionada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento paralelo que creó Maduro para hacer frente a la mayoría opositora en el Legislativo. En la lista de leyes presentadas está semana también está incluida la Ley del Ciberespacio, un instrumento pensado para regular internet.

También despierta recelos en la oposición la llamada Ley de Cooperación Internacional, con la que se podrá regular el financiamiento de las ONG. El diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, ha cargado contra las organizaciones humanitarias en varias oportunidades, en particular las que han denunciado la situación del país. La documentación que han hecho estas organizaciones ha engrosado la serie de informes y dictámenes que han emitido Naciones Unidas y el Tribunal Penal Internacional sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La Asamblea, en la que el partido de gobierno tiene 257 de 277 escaños, derogó esta Ley de Regularización de Períodos Constitucionales, facilitando así que el próximo Consejo Nacional Electoral realice al mismo tiempo elecciones regionales y municipales. La estrategia es que el nuevo mapa fortalezca la hegemonía política del chavismo. Maduro se ha valido de estos procesos para terminar de fragmentar a la oposición en torno al dilema de participar sin garantías o abstenerse como vía de boicotear los comicios.

Mientras la Asamblea estuvo controlada por la oposición, entre 2015 y 2020, Maduro bloqueó su funcionamiento a través del Supremo, con la creación de la Constituyente y la persecución directa de los diputados. Ahora, otra vez con un Parlamento a su medida, la ofensiva chavista para mantenerse en el poder en el escenario más adverso —con rechazo casi total de los ciudadanos y cercado financiera y diplomáticamente por las sanciones— abre un frente en el terreno legislativo.

EL PAÍS