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Daniel Ortega desata encarnizados ataques de militantes y policías tras recibir nuevas sanciones internacionales

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La violencia ocurre a las puertas de la aprobación en Nicaragua de un tridente de leyes encaminado a acallar a opositores y periodistas

La periodista Verónica Chávez, copropietaria del confiscado canal 100% Noticias, recibió una pedrada fulminante en la cabeza. Un fanático del Gobierno de Daniel Ortega, arropado por agentes de la Policía Nacional, cometió el ataque cuando un grupo de opositores celebraron en la ciudad de Masaya, al sur de Managua, una reunión política. El impacto de la piedra fue tan contundente que Chávez, esposa del excarcelado político y también periodista Miguel Mora, fue internada en cuidados intensivos, de donde ya ha salido.

El ataque sucedió el domingo y fue el episodio más violento registrado en las últimas semanas contra periodistas y opositores en Nicaragua a manos de simpatizantes de Ortega y policías antimotines, quienes han asediado, golpeado, multado y acosado fiscalmente a las voces que critican al régimen sandinista. La virulencia de los ataques surge después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a altos funcionarios del Gobierno y a una entidad financiera llamada Caja Rural Nacional (Caruna), un mecanismo privado creado para evadir el control sobre los recursos estatales provenientes de Venezuela.

La Unión Europea también ha refrendado, este lunes, sanciones contra otros seis funcionarios sandinistas, luego de una sesión dedicada a criticar un tridente de leyes contra opositores y periodistas que el Gobierno planea aprobar. “Estas leyes no solo distorsionarían el sistema político de Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política, la censura de los medios digitales y permitirían la imposición de cadena perpetua por disidencia política”, criticó Leopoldo López, eurodiputado del Partido Popular. Son estas tres leyes las que han caldeado el siempre tenso ambiente sociopolítico en Nicaragua.

Un tridente para la “cubanización total”

A mediados de septiembre, Ortega anunció un proyecto de ley que busca imponer la cadena perpetua para “castigar crímenes de odio”. La ley, en palabras del mandatario, está dirigida para los opositores a quienes considera que han promovido “un fallido golpe de Estado” fomentando “crímenes de odio”.

La otra ley enviada por el mandatario al Parlamento es la de “agentes extranjeros”, que criminaliza la cooperación y la financiación internacional que reciben las ONGs, la oposición y periodistas. Al mismo tiempo, el proyecto obliga a los afectados a registrar de previo todas sus acciones -sea la publicación de un reportaje, movimientos financieros o acciones de activismo- al Ministerio de Gobernación, una institución que en la práctica funciona como una herramienta de control político. El dictamen de esta ley ya está listo en el Parlamento controlado por Ortega, y crea delitos que serían condenados con multas y causas penales. De hecho, la tarde de este lunes los legisladores dejaron todo listo para la aprobación de la norma.

La tercera punta del tridente es la Ley Especial de Ciberdelitos, cuyo fin de censurar e imponer multas y cárcel a periodistas independientes es matizado con el castigo de la pornografía infantil y otros delitos relacionados. La ley establece que el Gobierno se arroga la facultad de decidir cuando un periodista o medio de comunicación publica una “noticia falsa”, lo cual implicaría una pena de uno a tres años de prisión. Al mismo tiempo, la pena por publicar filtraciones de información de Gobierno, una práctica periodística recurrente en un régimen de cero información pública, será de cinco a ocho años de cárcel.

Las tres leyes son interpretadas por la oposición como una manera del Gobierno para crear un andamiaje que legalice la represión que ya ejerce desde 2018, cuando despuntó la crisis sociopolítica a raíz de las protestas ciudadanas. El régimen ejerció un brutal embate represivo a través de la policía y grupos paramilitares, quienes provocaron al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las tres leyes imponen “una especie de cubanización total” de Nicaragua con tintes “nazistas y fascistas”, según la Coalición Nacional Opositora. “Condenamos la nueva modalidad de persecución política, discriminación social y violaciones a todos los preceptos constitucionales y derechos humanos que encierra las propuestas de ley, que simbolizan en su espíritu y objetivos los más tenebrosos conceptos del fascismo y nazismo en los oscuros años del pasado”, ha alertado el grupo, que este domingo fue atacado en Masaya.

A partir de la condena y las sanciones internacionales por el tridente de leyes, Ortega ha reforzado el Estado policial de facto en las calles de las principales ciudades de Nicaragua. Asedia todos los días las viviendas de los opositores, les impide salir de sus domicilios o los persiguen cuando se dirigen a sus actividades políticas en patrullas policiales repletas de antimotines armados. Otra modalidad ha sido la imposición de multas de tránsito exageradas a quienes asisten a las reuniones políticas, multas fiscales contra empresarios críticos y ataques físicos, como del que fue víctima la periodista Verónica Chávez y el comunicador Josué Garay, también apedreado el domingo en Masaya.

“Esta es la respuesta represiva de Ortega que, en vez de estar haciendo reformas constitucionales y electorales para que podamos tener elecciones libres y transparentes en 2021, hace todo lo contrario”, dice a EL PAÍS Azahalea Solís, integrante de la Alianza Cívica, otra instancia opositora. “Más bien impide que haya participación libre de la ciudadanía en procesos políticos. El espacio público del país sigue totalmente tomado y nadie puede manifestar su libertad de expresión, de vivir en paz, agravado con la amenaza de estas tres leyes”, sostiene.

EL PAÍS