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Cuatro años después de la firma de la paz en Colombia, la preocupación sobre su futuro es un factor común.

Al llegar a su cuarto aniversario, el Acuerdos de Paz de La Habana, firmados en su segunda versión en Colombia en 2016 no han sido cumplidos por el Gobierno del presidente Iván Duque, consideraron personalidades de la política del país suramericano.

La exsenadora y activista por la paz, Piedad Córdoba, al enjuiciar lo realizado por el Gobierno de Iván Duque en relación con el proceso de paz señaló que «hizo trizas la paz y ahora sale con que la culpa es del acuerdo».

Asimismo, enumeró los asuntos no resueltos como son: apoyo a campesinos cultivadores, la reforma rural integral, la asignación de curules para las víctimas, entre otros. También denunció que «quieren acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz con 216 excombatientes asesinados».

Por su parte, el actual senador Iván Cepeda Castro considera que el acuerdo «ha cambiado la sociedad colombiana», porque «ha salvado miles de vidas, ha permitido abrir nuevos caminos para las víctimas y la verdad, ha involucrado a los jóvenes en la defensa de la paz, ha permitido hacer consciente el nefasto legado de la guerra para Colombia».

Sin embargo, Cepeda lamenta que «para socavar la legitimidad del proceso se usa la mentira oficial: se identifica el proceso de paz con un proceso de fortalecimiento del narcotráfico».

El senador expresó, además, que la «continua prédica del uribismo contra el proceso de paz, contra líderes del partido FARC, contra el Acuerdo, propicia un estado de opinión favorable para la violencia sistemática contra quienes dejaron las armas y para que se normalice su asesinato», lo cual llegó a calificar de «incitación a la violencia».

Gustavo Bolívar, político del entorno de Gustavo Petro y Colombia Humana, celebra que «gracias al Acuerdo se ha registrado una creciente movilización social en las calles, el fortalecimiento de los movimientos de base». No obstante, lamentó los «cientos de asesinatos de líderes sociales», lo cual no ha impedido que se haya «producido una apertura política» y «por eso atacan tanto al proceso de paz».

Bolívar celebró que gracias a la JEP «estamos conociendo verdades que de otra forma se hubieran quedado sepultadas para siempre», aunque «faltan muchas más verdades que conoceremos en los próximos meses. Por eso la estigmatizan, calumnian, desfinancian y la quieren acabar».

La excandidata a la Vicepresidencia, Ángela María Robledo, celebró que «miles de hombres y mujeres empezaron su oportunidad de construir una nueva vida», pero su existencia «pasa por el silencio de los fusiles y el derecho a la Verdad y Reparación para millones de víctimas en Colombia».

Por otro lado, el exvicepresidente y jefe de la delegación gubernamental en las negociaciones de La Habana, Humberto de la Calle, piensa en «las víctimas que no lo han sido en estos cuatro años» gracias al acuerdo.

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, opina que «el Gobierno [de Duque] ha querido hacer trizas el acuerdo pero ya no pudo. El desarme y la reincorporación se consolidan. Los asesinatos de líderes sociales y excombatientes en los territorios son el gran lunar ante el fracaso de la política de seguridad del Gobierno».

Rodrigo Granda, exguerrillero y militante del nuevo partido FARC creado tras los Acuerdos, recuerda que el mismo (el Acuerdo) «no se ha venido implementado de forma correcta por el Gobierno colombiano, luego que han extendido las masacres, asesinatos contra excombatientes, además los programas económicos previstos no han sido implementados».

Para Granda, el balance es «agridulce» porque algunos aspectos relacionados con la reincorporacion han funcionado «más que bien». En ese sentido, cita entre ellos «la educacion de los exguerrilleros de las FARC-EP, la ayuda económica y de la alimentación, y algunos aspectos sobre la salud en general», aunque matiza que «con dificultades».

Sin embargo, Rodrigo Granda lamenta que «a partir de hace tres o dos años la situacion se ha complicado, han resurgirdo las masacres, que el Gobierno reconoce solo como homicidios». Asimismo, recuerda que «ahora tenemos 76 masacres, 242 integrantes del partido FARC asesinados, mas de 1.000 líderes sociales asesinados» y se han producido «desplazamientos forzados».

Según el exguerrillero «el Acuerdo de Paz no le gusta al Gobierno [de Duque]».

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