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La nueva ley establece que la amnistía será para las personas que fueron procesadas penalmente en “franca vulneración de sus derechos humanos, garantías y libertades constitucionales por presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales entre el 21 de octubre del 2019 y el 17 de octubre del 2020″.

La Asamblea Legislativa de Bolivia, controlada por el partido del expresidente Evo Morales, aprobó este viernes una amnistía e indulto “por persecución política” para más de 1.000 simpatizantes del exgobernante.

La oposición manifestó su temor de que la ley deje en la impunidad varios delitos tras la crisis postelectoral del 2019 que ocasionó la muerte de más de 30 personas. “Impunidad a favor de Morales y de su cúpula de gobierno”, dijo el diputado opositor, Carlos Alarcón, en conferencia de prensa en instalaciones de la Asamblea.

El presidente de Izquierda, Luis Arce, quien formó parte del gabinete de Morales cuándo éste presidía el país, envió a la Asamblea Legislativa el decreto de “concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos” del gobierno interino de la expresidenta, Jeanine Áñez, quien asumió el poder tras la renuncia de Morales.

El Congreso aprobó la norma por mayoría absoluta mientras la oposición gritaba “democracia si, dictadura no” y “justicia”.

“Es una acción que muestra que Luis Arce y la Asamblea Legislativa es dependiente de Morales. No respetan la justicia ni la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Carlos Mesa, líder de la mayor fuerza opositora en el Congreso.

“La amnistía va a beneficiar a más de 1.000 personas que se consideran perseguidos políticos” durante el gobierno de Áñez, dijo el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en conferencia de prensa. También se dará indulto a los presos.

Cuando se le consultó si entre los beneficiarios estaría Morales respondió que “la justicia tendría que determinar”.

Morales tiene procesos judiciales por varios delitos, entre ellos fraude electoral, sedición y terrorismo, iniciados en la gestión de Áñez.

La nueva ley establece que la amnistía será para las personas que fueron procesadas penalmente en “franca vulneración de sus derechos humanos, garantías y libertades constitucionales por presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales entre el 21 de octubre del 2019 y el 17 de octubre del 2020″.

La crisis comenzó el 21 de octubre del 2019 tras las denuncias de un presunto fraude electoral para dar como ganador a Evo Morales, quien buscaba su cuarto mandato consecutivo. El exgobernante anuló las elecciones e intentó llamar a nuevos comicios, pero ante las fuertes protestas renunció y se asiló en México y posteriormente en Argentina. Retornó al país después de que Arce asumió la presidencia.

En noviembre del 2019 la entonces senadora Áñez se autoproclamó presidenta interina. Organizaciones internacionales criticaron su gestión por el uso de la fuerza contra los manifestantes y la persecución judicial de los partidarios de Morales.

Las diferencias políticas se trasladaron a la justicia con acusaciones cruzadas, por lo que en noviembre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) envió a un grupo de expertos para que desarrolle un trabajo independiente e imparcial sobre la crisis del 2019 en el país.

En tanto, tres días atrás, la Fiscalía imputó a un militar que estuvo al frente de la entidad estatal encargada de la distribución de hidrocarburos, al que acusó de las muertes ocurridas en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en los conflictos del 2019.

Horas después, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer condenó a dos años de prisión al dirigente campesino, Rafael Quispe, actual candidato a la gobernación de La Paz y ex-viceministro de la gestión de Áñez, tras cinco años de que la excandidata Felipa Quispe, del partido de gobierno, le interpuso una demanda de acoso político. En Bolivia la ley prevé que una pena menor a dos años no tiene cárcel.

LA TERCERA