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El país busca cubrir el hueco fiscal que dejó el gasto derivado de la pandemia con la que se encamina a ser la primera reforma tributaria post pandemia en Latinoamérica

El azúcar, la sal, el chocolate y el café han sido el tema de conversación en Colombia estos días ante temores de que una reforma fiscal impulsada por el presidente Iván Duque encarezca estos y otros bienes. La propuesta todavía no se ha presentado ni enviado al Congreso, pero las recomendaciones hechas por una comisión de expertos han estado en el escritorio de las autoridades desde el mes pasado y los colombianos especulan desde ya sobre cómo afectará sus bolsillos la nueva legislación.

Colombia, la cuarta economía más grande de América Latina, sufrió en 2020 una caída de 6,8% — la más profunda desde que se tiene registro, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El Gobierno tomó una decisión, al principio de la pandemia, de ordenar estrictos confinamientos y hacer transferencias económicas directas a familias necesitadas gastando el equivalente al 5,7% de su producto interno bruto (PIB) en apoyos, préstamos y garantías, de acuerdo con un reporte publicado por el Fondo Monetario Internacional esta semana.

Esto aumentó su deuda. En 2021, el Gobierno estima que la deuda como proporción del PIB alcanzará 64,8% y, aun con una reforma tributaria que le permita al Gobierno recaudar más ingresos, el nivel de deuda no bajará significativamente hasta 2031. Se espera que el Gobierno envíe al Congreso su propuesta en los próximos días. Si la reforma pasa, Colombia se convertiría en el primer país en Latinoamérica en subir impuestos para cubrir el hueco fiscal que dejó la pandemia de la covid-19. México puede ser el siguiente.

El Gobierno quiere aumentar la recaudación de impuestos en 15 billones de pesos, cerca de 1,5% del PIB. Para lograrlo, un comité de expertos propuso 12 medidas específicas, entre las que destacan ampliar la base de contribuyentes, ya que casi la mitad de la economía es informal, perseguir la evasión fiscal, eliminar algunos beneficios que suman casi 17 billones de pesos en impuestos y simplificar el sistema tributario de manera que sea más fácil pagar impuestos y le cueste menos al Estado administrar los recursos.

Los expertos han propuesto también eliminar algunas excepciones al impuesto al valor agregado (IVA), lo que tiene a muchos colombianos preocupados sobre cuáles productos básicos subirán de precio. La controversia en torno al precio del azúcar, la sal, el chocolate y el café ha sido tal que el presidente Duque abordó el tema el miércoles en un programa de televisión matutino y aseguró que los precios de estos bienes no subirán. “Voy a decirlo de una forma también muy diáfana: esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy”, aseguró el mandatario. “Esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. Tal como están hoy: los que tienen, de esos cuatro, los que tengan IVA cero, se mantendrán en IVA cero; y los que tengan IVA cinco, se mantendrán en IVA cinco, tal como están. Es decir, no sufrirán ningún incremento”.

La Administración de Duque se refiere a la reforma como Agenda de Transformación Social Sostenible y ha asegurado que entrará en vigor en 2022. En la entrevista del miércoles, Duque argumentó que es necesario subir impuestos para proteger a las poblaciones más vulnerables y los más afectados por la pandemia. “Muchas personas dicen que este no es el momento de hacer una reforma tributaria”, dijo Duque, “yo creo que tenemos que ser claros: no es un concepto solamente de carácter fiscal, aquí lo que estamos buscando es mantener los programas sociales que se necesitan para proteger a los más vulnerables en medio de la pandemia y estabilizar las finanzas públicas”.

“¿Cuándo se siente el gran efecto en materia de recaudo? En el 2023, cuando yo ya no soy presidente de la república y lo digo porque esta no es una reforma para mí, es una reforma para que el país tenga esa protección de los más vulnerables y estabilice sus finanzas públicas de manera estructural”, agregó. Los programas sociales ampliados y creados durante la pandemia seguirán este año, agregó el mandatario, al mismo tiempo que el Gobierno debe congelar, por lo menos entre cinco y diez años, la contratación de nómina y la adquisición de bienes y servicios, lo cual ahorraría cerca del 1% del PIB.

En entrevista con EL PAÍS, el gerente general del Banco de la República de Colombia, Leonardo Villar, defendió que “la aprobación de ese paquete de reformas fiscales va a ser muy importante para mantener la confianza que tradicionalmente ha existido sobre la economía colombiana”. La deuda soberana de Colombia sufrió un deterioro en su calificación en abril del año pasado, cuando los precios del petróleo exportado por el país cayeron en los mercados internacionales y a raíz del incremento del gasto del Gobierno por la pandemia. Hoy retiene el codiciado grado de inversión, el cual mantiene los costos de financiamiento relativamente bajos, pero de no pasar una reforma que aumente la recaudación, la calificación está en juego.

“Será necesario volver a la regla fiscal que fue suspendida para 2020-2021 debido a la severidad de la contracción económica para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda y aumentar la credibilidad del marco de la regla fiscal”, dijo la calificadora Fitch Ratings en su reporte más reciente. “Sin embargo, un proceso de consolidación fiscal creíble no es el único factor clave que ayudaría a estabilizar la calificación. Un retorno a un crecimiento económico sostenido por encima del 3% también será clave”.

Colombia tiene un historial de aprobación de reformas tributarias después de un shock económico, así como un largo historial de políticas macroeconómicas prudentes y consistentes, apuntó Fitch. “Una mayor popularidad del presidente Iván Duque a través de la crisis del coronavirus podría ayudar al Gobierno a aprobar reformas difíciles en el Congreso hasta mediados de 2021. Sin embargo, un ciclo electoral en 2022, que incluye elecciones del Congreso y una primaria presidencial en marzo y mayo de 2022, respectivamente, podría limitar el tiempo para aprobar reformas importantes antes de que la campaña comience en serio en los últimos tres meses de 2021″.

EL PAÍS