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En Colombia asesinan el 54 por ciento de los defensores de Derechos Humanos de todo el mundo, que le otorga el primer puesto en este Genocidio perpetrado por el tercer Gobierno de Uribe, quien acaudilla un régimen de dictadura mafiosa que sostiene al neoliberalismo depredador.

Colombia continúa ocupando el primer lugar en el asesinato de defensores de Derechos Humanos (DDHH), durante el año 2020 asesinaron a 331 líderes en el mundo, el 53,5 por ciento de ellos fueron asesinados en Colombia [1].

Según Front Line Defenders en América Latina además de los asesinatos son frecuentes los ataques físicos (27 por ciento), la criminalización (19 por ciento), los montajes judiciales (13 por ciento) y las campañas de estigmatización (7 por ciento) [2].

Sirley Muñoz Coordinadora del Sistema de Información de la organización Somos Defensores de Colombia, aseguró que “La militarización de los territorios aumentó en un 157 por ciento las agresiones por parte de la Fuerza Pública contra los defensores, solo en el primer trimestre del 2020” [3].

Maquillan cifras para ocultar el exterminio

La Fiscalía ha jugado un papel determinante en la impunidad del asesinato de los líderes sociales, que actualmente oscila en un 95 por ciento; por tanto, la propuesta de Duque de entregar a la Fiscalía General la atribución exclusiva de emitir las estadísticas sobre asesinatos de líderes sociales, no es más que un mecanismo para minimizar el Genocidio en curso y perpetuar la impunidad.

Juliette de Rivero representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH (OACNUDH), aseguró que “sería un error creer que frente a lo que está ocurriendo en el país, el objetivo principal es acordar cifras, lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de DDHH, lideresas y líderes sociales; cada amenaza, ataque y asesinato tiene como objetivo acallar su labor y esto cercena la democracia y el Estado de Derecho” [4].

Liderazgos perseguidos y acallados

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que narcoparamilitares autodenominados Comandos de la Frontera en connivencia con la Brigada 27 del Ejército y la Fuerza Naval del Sur, exigieron la renuncia de la Junta de Dirección de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, Comités de Mujeres, Comités Ambientales y la organización ADISPA, ubicados en el departamento de Putumayo.

La Comunidad Campesina de Alto Mira y Frontera en San Andrés de Tumaco denunció que el 5 de febrero en la vereda San Juan, el Ejército prendió fuego a la casa de un campesino a quien acusaron de auxiliar a grupos armados, lo que provocó su desplazamiento; el 12 del mismo mes en la vereda La Amistad en un enfrentamiento entre el Ejército y grupos armados resultó herido un campesino, y la captura ilegal de German Madroñero y Efraín Narvaéz afiliados a la Junta de Acción Comunal de la vereda El Divorcio en Tumaco, Nariño.

Yecid Bolaños Morelos de 25 años, era profesor del programa Fútbol con Corazón, fue asesinado el 8 de febrero en Barranquilla, Atlántico.

Antonio Ricaurte Solarte de 43 años, ex combatiente que integraba el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Heiler Mosquera en Puerto Asís, fue asesinado el 9 de febrero en la vereda La Pradera en Puerto Asís, Putumayo.

Jhon León González representante legal de la Corporación Solidaridad Jurídica, miembro de la Comisión Nacional de FARC para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, el 10 de febrero recibió amenazas de muerte donde le dan un ultimátum para que abandone la ciudad.

Sharon Pinzón integrante de la veeduría ambiental de Vegas del Guayuriba y de la Red Comunitaria y Ambiental de Villavicencio (Recav), ha denunciado en varias ocasiones la depredación social y ambiental que generan las empresas mineras y Ecopetrol S.A. en el río Guayuriba, por lo que el 10 de febrero fue objeto de amenazas de muerte.

Milbia Díaz, Santiago Mera defensores de DDHH, Elkin Sarria periodista y dos observadores internacionales integrantes de la Comisión Humanitaria, que desembarcó el 10 de febrero en el Espacio Humanitario Puente Nayero en Buenaventura, denunciaron que fueron seguidos por hombres motorizados en los barrios Lleras y El Firme en medio de la presencia de unidades militares y policiales.

Juan Carlos Correa de 35 años, el 23 de enero fue secuestrado por paramilitares que operan en San Andrés de Cuerquia en Antioquia, y el 12 de febrero fue hallado sepultado entre las veredas Los Naranjos y Cacahual cerca de donde se produjo el secuestro.

Luis Antonio Maestre Orozco de 43 años, líder ambiental de la Red de Emergencia de Valledupar denunciaba la contaminación del río Guatapurí y la deforestación de Cerro Hurtado, por lo que fue asesinado el 13 de febrero en San Juan del Cesar, La Guajira.

Leonel Antonio Restrepo ex combatiente asesinado el 13 de febrero en Cañas Gordas, Antioquia.

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[1-2] Informe: Análisis Global del 2020, Front Line Defenders, 9-02-2021.

[3] El 53 por ciento de los asesinatos de defensores de DDHH en 2020 sucedieron en Colombia. Mongabay Latam, 12-02-2021.

[4] Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada ONU DDHH. Canal youtube ONUDerechosHumanos, 4-02-2021.
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