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Asentamientos informales: el desafío del desarrollo sostenible

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Foto: Techo Internacional

LUIS BONILLA ORTIZ-ARRIETA
Director de relaciones institucionales de Techo Internacional
Artículo originalmente publicado en el diario El País el 7 de mayo de 2018

“Sin ciudades sostenibles no hay desarrollo sostenible”, afirmó Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Latinoamérica y el Caribe (Cepal), en la apertura del II Foro de Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, que se celebró en abril en Santiago de Chile. Una expresión que refleja la necesidad de adaptar la implementación de la Agenda 2030 a nuestra realidad: América Latina es la región más urbanizada y más desigual del mundo.

Aproximadamente, una de cada cuatro personas en las ciudades de la región vive en asentamientos informales. Son la máxima expresión de la desigualdad urbana, espacios donde gran parte de la población, a través de prácticas de subsistencia y resistencia, ejercen su derecho a habitar las ciudades, a pesar de la exclusión del mercado de vivienda y de la ausencia de las políticas públicas habitacionales.

Los análisis de Techo nos han revelado que unos 38 de los indicadores y metas contenidos por prácticamente la totalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tienen una relación directa o indirecta con la realidad de las comunidades. Y más aún, en estos asentamientos no solo se presentan entrecruzadas múltiples vulneraciones sociales, económicas y ambientales, sino que también estas se manifiestan de forma más aguda que en el resto del espacio urbano.

Por ese efecto combinado y agudizado, reconocemos que los asentamientos informales son el epicentro urbano de los desafíos del desarrollo sostenible y, por tanto, deben tener un lugar prioritario a la hora de implementar la Agenda 2030 en América Latina.

Potencial acelerador de la Nueva Agenda Urbana

La nueva Agenda urbana tiene una capacidad potencial de acelerar la implementación de los ODS en las ciudades de la región. Por un lado, al reconocer el Derecho a la Ciudad como un nuevo paradigma urbano, promueve una visión alternativa para el futuro de las ciudades y a la vez reconoce que la transformación urbana debe estar orientada por una serie de principios basados en la promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales, de manera colectiva y sin exclusiones.

Por otra parte, el segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe afirma que la Nueva Agenda Urbana proporciona medios de implementación clave para avanzar sobre los ODS en las ciudades. Entre estos, el informe destaca especialmente la financiación urbana, la participación ciudadana y el desarrollo de capacidades, tres elementos que tienen una traducción particular para abordar los desafíos de los asentamientos populares.

Financiación urbana. Una estimación general con referencia a los datos del Instituto de Innovación Urbana de la Universidad de Chicago, nos permite observar que, en cálculos gruesos, la implementación de programas de mejoramiento de barrios desde una perspectiva localizada del desarrollo sostenible de manera efectiva y con cobertura de la población que habita en asentamientos informales en América Latina, requería una inversión aproximada de un billón de dólares entre 2018 y 2030. Para ponerlo en perspectiva, se trata de aproximadamente la totalidad del PIB anual de México.

La Nueva Agenda Urbana, y específicamente el Plan de Acción Regional publicado recientemente, establece una serie de medidas concretas para el financiamiento del desarrollo urbano sostenible. Entre estos se destacan iniciativas fiscales progresivas que aporten al fortalecimiento financiero de la gobernanza metropolitana, a la vez que incentiven el crecimiento económico de las ciudades, contribuyan a la reducción de las profundas desigualdades económicas y el impacto medioambiental de los procesos de urbanización.

Participación ciudadana. En la Nueva Agenda Urbana se incluyen iniciativas que trascienden las formas tradicionales de participación. Entre estos es importante mencionar la producción social del hábitat, presupuestos participativos, consultas a la población, participación en la generación de datos y monitoreo y evaluación. Es decir, una participación amplia y efectiva que reconoce la importancia de la acción colectiva y organizada. Y en ese sentido, estudios de Techo revelan que en los asentamientos populares existe una gran capacidad de organización y motivación por la participación, en muchos sentidos de mayor escala que a niveles nacionales.

Por otro lado, desde la sociedad civil se vienen desarrollando una amplitud diversa de metodologías, procesos y plataformas de alto valor en función de la participación y tecnologías para el diseño, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos y análisis de los desafíos de las ciudades.

Fortalecimiento de capacidades. En los lineamientos para implementación de la Nueva Agenda Urbana se establece la necesidad de un enfoque multiactor y reconoce el papel clave de los gobiernos locales. En esa línea, nosotros sostenemos que las alianzas público-sociales con un enfoque territorial, que incluya a las organizaciones y movimientos sociales en coordinación con los gobiernos locales, son una de las claves para la adaptación, efectividad y potencial de escala de la Agenda 2030 en la diversidad de América Latina.

Las agendas internacionales en diálogo con la gente

La implementación de las agendas internacionales (tanto la Agenda 2030 como la Nueva Agenda Urbana) pasa necesariamente porque estas sean capaces de dialogar con la experiencia cotidiana de la población, interpretar las expectativas de la gente y abrir un amplio espacio para que la ciudadanía tenga un papel protagonista en los procesos de desarrollo.

En ese sentido, se vuelve fundamental encarar el desafío de que el desarrollo sostenible se converse en el lenguaje de la gente. Esto no se trata de bajar a la ciudadanía los acuerdos firmados en Nueva York o Quito. Por el contrario, nos referimos a construir mecanismos que permitan que los demandas, intereses, sueños y proyectos que tienen lugar en las comunidades y los territorios, tengan la posibilidad de subir hacia los gobiernos nacionales y organismos internacionales y, a fin de cuentas, de establecer una dinámica de diálogo abierto y diverso, para promover el fundamento democrático de las agendas de desarrollo y aportar de insumos valiosos para orientar su implementación.

EL PAÍS