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El gobierno de Colombia dio luz verde hoy a un nuevo protocolo que establece la conducta a seguir por las fuerzas del orden para controlar las protestas sociales, habitualmente reprimidas con el uso excesivo de la fuerza.

La disposición, aprobada a instancias de la Corte Suprema de Justicia, prohíbe el uso de armas de fuego por parte de la policía, el aviso para el empleo de la fuerza y la obligación de los uniformados de explicar sobre actos de violencia policial.

El nuevo código de conducta está recogido en el Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana.

Así el gobierno colombiano responde a demandas de organizaciones sociales y gremiales que lo acusan de criminalizar las protestas pacíficas, luz verde para el uso de la fuerza por parte de la policía.

El nuevo código de conducta permite el empoderamiento de la sociedad civil en tanto le confiere la potestad de establecer comisiones de verificación que podrán monitorear la marcha de las protestas, la conducta de los uniformados y exigir el diálogo con las autoridades pertinentes, entre otras oportunidades.

En lo adelante los organizadores de las manifestaciones deberán informar con antelación la fecha y lugar de las acciones, aunque las autoridades no podrán limitarlas por ser reconocidas como un derecho en la Constitución.

De igual manera, las fuerzas del orden tendrán que mostrar respeto a la dignidad humana y tratar de forma diferenciada a niños, mujeres, grupos de la tercera edad, pueblos originarios y la comunidad Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales).

Por otra parte, los efectivos de las fuerzas del orden deberán superar cursos de capacitación en materia de derechos humanos y la relación de su trabajo con estos, y también las autoridades superiores explicarán en un plazo de hasta tres meses cuando los uniformados incumplan con lo establecido en el estatuto.

La protesta social en Colombia fue estigmatizada con practicas cada vez más agresivas que van desde la descalificación hasta intentos de relacionarla con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El ejemplo más reciente es el de Minga indígena, manifestación de los pueblos originarios que trató de dialogar con el gobierno del presidente Iván Duque para poner fin a los asesinatos, el paramilitarismo y otras formas de violencias en sus territorios.

Varios políticos, medios y usuarios de redes sociales asociaron a los pueblos indígenas con grupos armados ilegales con el objetivo de hacerlos ver como criminales ante la opinión pública y así respaldar la negativa del gobierno a dar respuesta a sus demandas.

En esos espacios sembraron la idea de que la Minga fue financiada por el narcotráfico, incluso la posibilidad de un golpe de Estado por parte de los manifestantes que en todo momento actuaron conforme a su naturaleza pacífica.

PRENSA LATINA