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«El Gobierno está utilizando la pandemia como una excusa para avanzar en una política de seguridad, basada en la represión y la militarización», afirman los juristas socialistas.

La Brigada de Abogados del PS salieron este martes (30) a advertir que la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera pone en riesgo los derechos humanos, aprovechándose de la pandemia del CORONAVIRUS para avanzar en una política de “represión y militarización”.

A través de un comunicado, los juristas socialistas manifiestan una “profunda preocupación, vemos cómo el Gobierno está utilizando la pandemia como una excusa para avanzar en una política de seguridad, basada en la represión y la militarización. Estas políticas han demostrado no ser efectivas y representan un riesgo cierto de nuevas violaciones a los derechos humanos”.

En ese sentido, expone que es “alarmante la militarización de La Araucanía”, luego del despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas para las tareas de orden público, afirmando que “estas funciones no son parte de las atribuciones regulares de las ramas militares ni se pueden justificar en el contexto del estado de excepción constitucional provocado por la pandemia”.

“Ejemplo de la respuesta punitiva para dicha región, es el proyecto que sanciona el robo de madera que permite el uso de agentes encubiertos, donde no podemos estar legislando para un sector empresarial, como es el caso de las forestales”, señalan.

Los abogados del PS también precisan que a lo anterior se suman varias iniciativas “represivas” que no están basadas en ningún tipo de evidencia.

“Entre otras iniciativas encontramos la que criminaliza el incumplimiento de la cuarentena, desconociendo los problemas de fondo como la falta de recursos que sufre gran parte de la población. En la misma línea, una nueva iniciativa legal promovida por el gobierno que busca entregarles nuevas atribuciones a Carabineros en el manejo de la droga y los recursos incautados por narcotráfico, lo cual no puede ser realizado sin una reforma de fondo a dicha institución”, sostienen.

Finalmente, mencionan que “intentar responder a problemas sociales con la imposición de fuerza estatal y la limitación de los derechos de la población es un camino peligroso, que solo empeora la situación de los más vulnerables y termina provocando violaciones a los DDHH”.

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